Menú
ESTADOS UNIDOS

Obama y Guantánamo

Obama, como McCain, prometió en campaña que cerraría Guantánamo. Cuando lo haga, satisfará una exigencia de muchos norteamericanos, pero sobre todo encantará a todos los europeos. Es conveniente subrayar lo de todos, porque en Europa no ha habido un solo medio de comunicación de masas ni un solo partido político en el poder –o con posibilidades reales de alcanzarlo– que no se haya hartado de criticar el sistema jurídico levantado por la Administración Bush para tratar a los terroristas detenidos fuera de sus fronteras.

0
No deja de ser notable que en España uno de los que más deseos muestran de que Guantánamo se cierre sea el ABC. En su editorial del domingo 16 se leía:
El presidio extrajudicial de la base de Guantánamo debe ser cerrado cuanto antes, no porque se vaya a producir un cambio de presidente en Estados Unidos, sino porque constituye una aberración jurídica que nunca debió haber tenido lugar.
Así que, a este lado del charco, estamos contentísimos de que Obama vaya a cerrar Guantánamo. Sin embargo, nadie parece dispuesto a analizar cuáles son los primeros esbozos que se han conocido del plan del presidente electo para llevar a cabo ese cierre. Ni mucho menos si el mismo implica sustanciales diferencias con el de Bush.
 
En EEUU, los radicales de las asociaciones izquierdistas de defensa de los derechos humanos creen que el destino de los 250 presos que todavía siguen en Guantánamo debe resolverse bajo el axioma try or release (juzga o libera). Este planteamiento es allí exclusivo de la extrema izquierda, a la que, no debemos olvidar, pertenece Obama. Sin embargo, en Europa se corresponde con lo que tanto la izquierda como la derecha esperan del presidente electo. Los asesores de éste ya le están explicando que ésa no es exactamente la alternativa real.
 
Nicolas Sarkozy.Los terroristas detenidos en Guantánamo se dividen en tres grupos. El primero, de entre 60 a 80 personas, está constituido por terroristas capturados cuando se estaban preparando para serlo, antes de haber cometido ningún atentado. Se cree que este grupo puede ser liberado en la convicción de que muy probablemente, tras su paso por Guantánamo, no retornarán a la militancia terrorista. El segundo grupo lo componen unos 20 terroristas contra los que hay suficientes pruebas como para poder obtener contra ellos una condena penal en un tribunal ordinario. El resto, hasta completar los 250, son terroristas contra los que no hay pruebas suficientes o se obtuvieron de forma que haría que fueran rechazadas por los tribunales ordinarios, al haberse empleado en su obtención métodos contrarios a las leyes penales. Es el grupo de los que, siendo inequívocamente terroristas, sólo pueden ser condenados por las comisiones militares ideadas por Bush y legalizadas por el Congreso, ya que en ellas se permite emplear la inteligencia reunida por el ejército sin someterla a las exigencias de las normales leyes procesales. El caso es que no es posible obtener para los que pertenecen a este tercer grupo una condena penal en un tribunal ordinario.
 
Cada uno de los tres grupos plantea problemas específicos que no pueden resolverse con el simple ¡juzga o libera! que tanto gusta en Europa. Los 60-80 que podrían ser liberados sin correr excesivo riesgo para la seguridad de los EEUU tendrían que ser enviados a sus respectivos países. Pero el caso es que no lo han sido todavía, no por la maldad de Bush, sino por el grave riesgo de que en sus naciones de origen sean encarcelados y torturados. La alternativa es lograr que otros países amigos, más civilizados, los reciban como refugiados políticos o en base a cualquier otro estatuto que les permitiera residir en ellos y evitar tener que volver a su patria. Naturalmente, los de la UE, tan críticos con Guantánamo y tan enfervorizados defensores de los derechos humanos –especialmente cuando de fundamentalistas islámicos se trata–, deberían ser los más dispuestos a acoger a estas personas. Sin embargo, hasta ahora la UE se ha negado a aceptarlos, y no hay noticias de ninguna oferta al respecto por parte de Sarkozy, Merkel o Brown. Quizá Zapatero, con tal de quedar bien con Obama, acepte dar asilo político a estos fundamentalistas islámicos.
 
En la práctica, a la vista del obvio peligro que entraña acoger a semejantes individuos, en el mejor de los casos personas de ideología islámica radical, más probable es que nadie en Europa quiera acogerlos. Si la negativa se confirmara, la única solución para Obama sería liberarlos dentro del territorio de los EEUU, asumiendo él entonces el riesgo de que pudieran cometer algún atentado o, más probablemente, influyeran con su radical ideología en otros proclives a cometerlos. Cualquier experto en seguridad le diría entonces que es preferible arrostrar la crítica de los europeos antes que tener que afrontar el riesgo de que tal decisión diera lugar a tener que sufrir la comisión de un grave atentado dentro del territorio norteamericano.
 
El segundo grupo, el de aquellos poco más o menos 20 individuos contra los que se tienen pruebas suficientes para obtener una condena en los tribunales ordinarios y que, por tanto, puede ser puesto a disposición de ellos, es el que menos problemas plantea, pero no deja de suscitar alguno. En efecto, no hay seguridad de que, una vez introducidos en el ordinario sistema penal norteamericano, todos, absolutamente todos, vayan a ser condenados a penas lo suficientemente largas como para garantizar que no constituirán un peligro para la seguridad de los EEUU y de sus ciudadanos. El riesgo de que algunos sean absueltos es real porque la mayoría de sus abogados son buenos juristas que pertenecen a prestigiosos bufetes que buscan ganar notoriedad defendiendo a esta gente. No cabe duda de que el prestigio de tal o cual abogado o de tal o cual bufete se vería largamente incrementado si demuestra ser capaz de obtener la absolución de uno de estos individuos.
 
Ahora bien, desde el punto de vista de la seguridad nacional, el riesgo es inaceptable: en muy poco tiempo, cuando terminara el juicio o tras cumplir una condena breve, el terrorista se vería libre para circular por el territorio norteamericano sin que nadie pudiera hacer nada contra él hasta después de haber cometido algún atentado, cuando, para los muertos que el mismo causara, fuera demasiado tarde.
 
El tercer grupo, el de los terroristas contra los que hay pruebas que un tribunal ordinario no admitiría como tales, es el que plantea más problemas: no pueden ser juzgados y tampoco puede ser asumido el riesgo de liberarlos. Para ellos, la "solución" ideada por Obama es la de levantar unos tribunales especiales donde pueda ser empleada la inteligencia reunida contra ellos sin someterse a los rigurosos requisitos de la justicia ordinaria. La ventaja de esta solución es que también podría ser sometida a ella el grupo anterior, evitando los riesgos ya apuntados.
 
La solución es correcta, incluso brillante, pero tiene la peculiaridad de que no es en absoluto nueva. Es exactamente la misma que ha intentado llevar a la práctica Bush desde que, a partir del 11 de septiembre de 2001, el ejército de los EEUU comenzó a hacer prisioneros en el extranjero en la guerra contra el terrorismo islámico. Pero Bush no pudo recurrir a ella porque el Tribunal Supremo de su país –convenientemente jaleado por la izquierda que Obama representa– no le dejó llevarla a la práctica hasta hace muy poco. No sólo eso, sino que puede afirmarse en puridad que las comisiones militares a las que desde el principio quiso Bush someter a los terroristas capturados en el extranjero son menos especiales de lo que probablemente serán los tribunales especiales que quiere crear Obama. Ahora, como es Obama quien quiere establecerlos, disfruta del beneplácito de todos los que criticaron a Bush por recurrir a esa misma solución. En España tenemos nuevamente el ejemplo del ABC. En el reciente editorial ya citado se lee:
La idea que ha adelantado el presidente electo Barack Obama de crear tribunales específicos parece la más adecuada para dar una salida razonable a una situación excepcional.
Tiene guasa que el periódico monárquico diga esto después de haber aplaudido, en un editorial de 30 de junio de 2006, la sentencia por la que el Tribunal Supremo de los EEUU declaró ilegales las comisiones militares ideadas por la Administración Bush.
 
El sistema que Guantánamo representa es discutible en cuanto a su legalidad, pero no es, ni mucho menos, el limbo legal del que es acusado por la izquierda norteamericana y europea. Los problemas que trata de resolver, tanto los de naturaleza estratégica como los legales, son extraordinariamente complicados y no admiten fáciles simplificaciones. No estamos hablando de una banda terrorista que comete de tanto en tanto un atentado contra un policía, un militar o un periodista, que, con ser actos execrables, pueden ser afrontados por el ordinario sistema legal y penal. Estamos hablando de megaterrorismo. Estamos frente a gente que pretende matar a cuantos más norteamericanos y occidentales, mejor. Estamos luchando contra terroristas que no dudarían en hacer estallar una bomba nuclear en el centro de una gran ciudad occidental, si pudieran.
 
No se trata pues de levantar un sistema de delitos y penas, donde los militares tengan que sentarse a esperar que un terrorista cometa un crimen, investigarlo, detener a los sospechosos y condenar sólo a aquellos a los cuales un jurado de doce ciudadanos atribuya más allá de cualquier duda razonable la comisión del delito. Ese sistema puede servir para combatir el crimen de cualquier clase, incluso el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico, y puede admitirse como instrumento suficiente para combatir el terrorismo de media intensidad. Pero es ineficaz cuando hablamos de megaterrorismo, porque exige tener que esperar a que el atentado se produzca para actuar, detener, encarcelar y condenar. Y cuando hablamos de miles de muertos por atentado la prevención es lo primero, y la captura y detención de los terroristas antes de atentar es esencial. Hay que entender que la finalidad del sistema no puede ser la de castigar a los que cometen atentados, sino la de evitar que los que están dispuestos a cometerlos lo hagan.
 
La izquierda norteamericana y toda Europa pueden creer que los EEUU no han vuelto a ser objeto de ningún nuevo atentado en su territorio después del 11-S porque la policía de fronteras está siendo más cuidadosa a la hora de examinar los pasaportes de los que pretenden entrar en el país. Pero la verdad es que ése éxito es atribuible a Guantánamo y a lo que aquella cárcel representa. Ya veremos cómo reacciona Obama si, después de haber liberado a los 250 fundamentalistas que allí están detenidos, los EEUU se ven obligados a pasar por otro 11-S, éste quizá llevado a cabo con armas de destrucción masiva. La reacción que entonces le exigirá su pueblo, y que él sin duda estará dispuesto a adoptar, no será muy respetuosa con los derechos humanos de nadie, y especialmente con los de los fundamentalistas islámicos de los que exista algún indicio de su ideología radical.
 
Tanto a los europeos como a los norteamericanos nos gustaría vivir en un mundo donde no hubiera personas capaces de cometer atentados como los del 11-S. Pero la triste realidad es que los hay y, si no queremos que acaben con la vida de miles de compatriotas nuestros, es necesario combatirles con los más eficaces medios y con las mejores leyes, teniendo bien presente que no podemos permitirnos una derrota. Quizá Obama esté en trance de aprender esta realidad, pero, en cualquier caso, los europeos haríamos bien en empezar a hacerlo.
 
 
EMILIO CAMPMANY, analista del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES).

Temas

0
comentarios

Servicios