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CÓMO ESTÁ EL PATIO

El PP, p'ayudar; y si es al CAC, ni les cuento

Alguien debería explicar algún día por qué los gobiernos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no el uso del espacio radioeléctrico por parte de una empresa privada. "Porque lo dicen las leyes y la Constitución", dirá el estudiante de primero de Derecho (no, Pepiño, esta vez no iba por ti). Bien, pero no hay ninguna razón lógica para que los gobiernos racionen un bien que existe en gran abundancia.

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Si tenemos en cuenta las nuevas tecnologías de transmisión de información (cable y TDT), la capacidad de albergar emisoras de todo tipo se multiplica por un factor de muchos ceros hasta casi el infinito, por lo que racionar su uso a los ciudadanos y a las empresas es como si Zapatero nos impusiera cuotas para regular el número de veces que podemos respirar al cabo del día. Una absurdidad, aunque mejor no seguiremos dando ideas.
 
No se trata por tanto de que los políticos mangoneen en exclusiva las licencias de radio y televisión para evitar el caos que indefectiblemente llegaría en caso de que la sociedad civil se organizara de forma privada para establecer los términos de uso de un bien común, sino de que el hecho de que cualquier empresa de comunicación tenga que obtener el plácet del gobernante para empezar a transmitir información y opinión otorga a los políticos una cuota de poder a la que no van a renunciar, aunque sea a costa de lógica y la eficiencia más elementales.
 
Es muy revelador que el título jurídico que autoriza a una empresa a montar un medio de comunicación se denomine "concesión". El Estado concede a una entidad privada el privilegio de utilizar algo que no pertenece al poder político, pero ni siquiera lo hace de forma indefinida, sino por un plazo tasado, de forma que expirado éste todos los operadores tengan que pasar de nuevo el examen de buena conducta previsto por los políticos para poder seguir explotando un negocio al que tienen legítimo derecho.
 
Y como en todos los exámenes, hay alumnos que aprueban con excelentes calificaciones, otros a los que se les baja la nota para que mejoren durante el siguiente periodo y otros, ay, que indefectiblemente son suspendidos y expulsados, y en consecuencia su plaza se le ofrece a otros aspirantes con aptitudes más prometedoras. En esto no tiene nada que ver el grado de aceptación de los clientes ni el número de usuarios que disfrutan del servicio prestado por esas empresas, sino que lo determinante es si la filosofía con que hacen su trabajo conviene o no a los intereses de los políticos en ejercicio.
 
Lo del CAC de Cataluña llama la atención porque sus integrantes han actuado sin el disimulo habitual en otros organismos, pero el caso se repite en todas y cada una de las administraciones que deciden un buen día ordenar el espacio radioeléctrico de su ámbito. Y en la pomada están todas las fuerzas políticas, faltaría más, hoy por mí y mañana por tí (u "hoy por mí, mañana por mí y al otro por Zapatero, en el caso de que los partidos sean el PSOE y el PP), como hemos visto precisamente en el caso de las emisoras de radio de Cataluña, en el que, forzoso es decirlo, el partido popular ha vuelto a estar heroico.
 
Los chicos de Mariano en la comunidad catalana se han batido el cobre para que no le quiten emisoras… a la cadena SER, precisamente el medio de comunicación que contribuyó de forma decisiva a expulsarles del poder tras los atentados de Atocha y, como es notorio, el preferido por sus votantes. Es que le preguntas a cualquier simpatizante del PP qué emisora escucha por las mañanas, y no hay ni uno que no te diga que escucha la SER, como Gallardón. De ahí que el PPC haya decidido darle gusto a sus votantes para que puedan seguir escuchando la radio de sus amores (sí, la de los terroristas suicidas y el golpe de estado preparado por Aznar el 13-M; la misma).
 
El Partido Popular de Cataluña tenía que haber peleado para que no se cancelaran las licencias que tiene la COPE en la región, les guste más o menos a sus dirigentes el tono de los programas de la misma. No sólo por una cuestión ética, que también, sino por pura inteligencia. Un partido político debe defender los intereses de quienes le votan. Eso hacen la izquierda y el nacionalismo. Y, con todo el dolor de Mariano y Gallardón, resulta que la mayoría de los votantes del PP en Cataluña y el resto de España escucha la COPE. Es una desgracia, sí, pero es que la gente es muy suya y selecciona en el dial la emisora que le sale de las narices, aunque moleste al peperío obamo-gallardonista-marianil. De lo contrario, en las próximas citas electorales muy probablemente esos mismos votantes darán a su vez la réplica a los dirigentes de su partido, en justa correspondencia a los desvelos que los líderes del PP tienen constantemente por actuar siempre de forma contraria a las aspiraciones de quienes les otorgan su confianza.
 
Este tipo de asuntos relativos a los límites de la sociedad civil suele desbordarse cuando gobiernan los socialistas, porque estos tíos no tienen mucho cerebro, pero complejos... menos aún. Dan las concesiones a los suyos, es decir a los buenos, sin preocuparse de que les llamen autoritarios. Total, la crispación siempre es cosa de la derechona, fabuloso argumento que el centrorreformismo español ha integrado en su psicología, hasta el punto de que no es ya que los populares no critiquen los excesos sectarios de los gobernantes, sino que ellos mismos contribuyen decisivamente, con su apoyo expreso, a que la cacicada se consume por unanimidad.
 
Da igual. En las próximas elecciones les seguirán acusando de haber asesinado a García Lorca. Precisamente desde la emisora que les debe el haber obtenido una concesión de radio en algunas de las ciudades catalanas más importantes. Si esto no es tener inteligencia, que baje el Gran Arquitecto y lo diga.
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