Un verano de desastres que delata una falta absoluta de previsión y control, lo que supone una seria amenaza para los ciudadanos. Dos de esas grandes catástrofes, fruto de la dejadez y el mal gobierno, han sucedido en España: el desplome de la pasarela del puerto de Vigo, donde se celebraba una fiesta que nunca debió ser autorizada, y el fuego de Llutxent, que quema al Consell de Ximo Puig en la comunidad valenciana.
Decenas de heridos, desalojados y desahuciados por el fuego en cumplimiento de algo que se teme todos los veranos y que no mejora. El tercer desastre es el desplome del puente Morandi, cerca de Génova, Italia. En este descuido criminal ha habido muchos muertos y heridos y la sensación general de estar dirigidos por gente desastrada e incompetente. Una sensación perfectamente detectable en Vigo y Gandía. Los perjudicados de la situación protestan con rabia y exigen explicaciones a las autoridades que son incapaces de exponer con claridad lo que está pasando. En la comunidad valenciana han ardido 3.270 hectáreas en seis municipios, se han quemado más de treinta viviendas y se han tenido que evacuar a tres mil personas.
Dicen que el incendio comenzó con la caída de un rayo sobre un árbol, pero lo preocupante es por qué no pudo impedirse que se convirtiera en el infierno. La explicación es muy sencilla: la tragedia se veía venir y no se tomaron medidas. Hace mucho tiempo que falta una política forestal coherente que disponga de un cuerpo de bomberos dotado que cubra toda la comunidad y con un solo modelo de extinción. Los afectados, según la prensa, preparan una demanda contra los responsables del dispositivo fallido y el Consell. Por su parte, los bomberos denuncian descoordinación: en la extinción participaron hasta doce cuerpos distintos, cada uno con su propio utillaje y estilo. En general, faltaron reflejos, recursos y una dirección global. Residentes de la urbanización Montepino, que estuvieron a punto de perder la vida, se quejan de que escasean bomberos y policías y que a ellos nadie les avisó para que abandonaran las viviendas. Tuvieron que salir corriendo cuando las llamas empezaron a lamer sus casas.
Lo peor de todo es la carencia de una necesaria política forestal global y autonómica. Tal vez habría podido poner algo ese ministerio de Transición Ecológica, que tiene nombre de pastillas para la tos, de la sensacionalista Teresa Ribera. Aunque esta señora debe atarse los machos antes de hablar, después de decir que el diesel tiene los días contados, lo que amenaza a 40.000 empleos, y más recientemente, que no está asegurado el trasvase Tajo- Segura pese a lo que dispone la ley, lo que ha puesto en pie de guerra a la comunidad de regantes.
Todo lo anterior se enmarca en la maraña que permite que sucedan las catástrofes y que aparentemente nadie tenga la culpa. Hasta hoy, cuando las víctimas de Vigo, de Llutxent y los que quedaron vivos del puente italiano se revuelven con indignación y exigen responsabilidades. Feijóo, en Galicia, ya ha dicho que se aclare sin ambages quién es el responsable de la tragedia de Vigo. El gobierno valenciano tiembla ante los rescoldos del fuego y el Gobierno de Italia se estremece ante el cúmulo de responsabilidades que se le viene encima: los ciudadanos no circularán tranquilos por las carreteras durante mucho tiempo y no superarán el trauma hasta que se depuren responsabilidades. El ministro Salvini, tan gallito él, naufraga en tierra firme.
Los que viven en los idílicos paisajes de Valencia, entre vegetación y abandono, sufren la angustia de todos los veranos, síndrome de España entera, donde la transición ecológica no llega a los árboles.
Muchas catástrofes españolas y extranjeras tienen su origen en la deficiente y laxa política. Es una constante que se encuentra el reportero de sucesos mientras todos se sacuden la culpa. Combina la mayor parte de los casos con la resistencia feroz a asumir responsabilidades. Las voces de dimisión no las puede apagar ni el consorcio de bomberos.