Actualmente vivimos acuciados por la frenética velocidad con que se desarrollan los acontecimientos noticiables. La prensa o cuarto poder se convierte en juez y árbitro de lo que es importante y urgente para los
ciudadanos. Por desgracia, no siempre hay coincidencia entre ambas cosas. Los lectores, a veces, nos vemos envueltos en un marasmo de información difícil de digerir. Por ello, los titulares y las encuestas se convierten con frecuencia en los faros que guían nuestras vidas. Las informaciones veraces y contrastadas- y los pensamientos-elaborados con criterio-son una rara avis en nuestras formas de vivir y relacionarnos.
Un Estado de Derecho que se precie de tal debe ser garante de las vidas, los derechos y las haciendas de todos sus ciudadanos. Nuestra Constitución así lo recoge y el Estado lo debe garantizar. Recuerdo que al comienzo de nuestra actual democracia se hablaba con frecuencia del respeto a las minorías. Aquello sonaba muy bien pero ya ha caído en desuso la frase, incluso la realidad. También recuerdo cuando se decía España va bien y nadie osaba decir lo contrario. Igual ocurría con aquella frase de España es un gran país. Algunos años después tuvimos que oír que España es un concepto discutido y discutible y que estábamos económicamente en la "Champion's league" pero, poco después, estuvimos al borde del rescate. Desde el año 2011, sólo la economía es la razón y el objetivo de nuestro quehacer como país. Aun así la deuda externa alcanza valores próximos al 100% con tasas de paro inusuales en la Unión Europea. No obstante es una evidencia que, hasta hoy, parece alejado el fantasma del rescate y parece consolidarse el crecimiento del empleo, entre otros indicadores económicos.
En el ámbito político, la corrupción, los incumplimientos de las promesas electorales, la inoperancia de una justicia sometida a los poderes políticos y fácticos, son algunos de los elementos que nos identifican como país. Todo ello arropado por unos medios de comunicación que, a cambio de ayudas, están al servicio de los distintos grupos políticos, sin distinción de credo o cuotas de poder. Las personas, siendo los pagadores del servicio, poco contamos en este escenario.
Al margen de lo expuesto anteriormente, sin lugar a dudas, el hecho más grave y más influyente en nuestro país en lo que va de siglo, ha sido el genocidio del 11-M. Once años después de aquel sangriento atentado, ni los gobiernos salidos del mismo, ni los grupos opositores, ni los políticos autonómicos, ni los nuevos partidos que pretenden vendernos la regeneración de la vida pública, llevan en sus principios -si los tienen- o en sus programas una alusión explícita de regeneración a través del esclarecimiento y ajusticiamiento de todos los autores del 11-M, ya sea por acción, omisión o complicidad.
España, país con centurias de vida en común, madre de una veintena de naciones, pueblo capaz de expulsar de su suelo al ejército más poderoso del siglo XIX desoyendo a los mandatarios más felones que hemos padecido. Pueblo que después de soportar tres años de guerra fratricida supo sellar un pacto de vida en común plasmado en la Constitución de 1978. ¿No vamos a ser capaces de vivir con dignidad en el seno de la Unión Europea? Yo me inclino por dar una respuesta afirmativa. Hemos de reconocer que disponemos del elemento fundamental: el pueblo español.
A propósito del Dos de Mayo, el poeta Bernardo López escribió "que no
puede esclavo ser, pueblo que sabe morir", y el pueblo lo ha demostrado en muchas ocasiones, incluido el 11-M.
Sólo falta que nuestro Estado se limite a cumplir los deberes que la
Constitución le consagra:
- Reparar las vidas del 11-M (política, social y judicialmente).
- Corregir la deuda generada frente a los superávit anteriores.
Mientras ello no ocurra debemos saber que tenemos un Estado deudor.