La izquierda gasea la precaria democracia boliviana

Las violentas movilizaciones contra la exportación de gas a Estados Unidos y México es la noticia que mayor número de editoriales concita este miércoles. Tanto El Mundo, como La Razón y ABC critican lo que no es más que un estallido de violencia contra unos acuerdos de exportación claramente beneficiosos para Bolivia, aunque los dos primeros diarios hacen una referencia a la pobreza que padece este país de una forma que parecería que, en lugar de ser una razón que evidenciara el sinsentido de las protestas, las legitimara.

La Razón comienza con la típica cantinela tercermundista y antiliberal en la que comulga tanto el antiamericanismo de extrema derecha como de buena parte de la izquierda: “El actual gobierno, una coalición inestable que preside Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero educado en EE UU, mantiene la misma política económica de corte liberal que ha conseguido reducir la inflación, negociar la deuda y que el país volviera a ser admitido en el club de las naciones de crédito”. Todo para añadir inmediatamente a continuación que “el coste social, sin embargo, se ha disparado. La brecha entre ricos y pobres se ensancha y las capas más desfavorecidas de la población, que no han visto más que la cruz del proceso de estabilización, están lo suficientemente escarmentadas de décadas de corrupción y despilfarro por parte de los sucesivos gobiernos, que han colaborado activamente en el expolio de un país que fue sinónimo de riqueza”.

Ciertamente el actual gobierno boliviano merece muchas críticas, pero la deficiente visión de un tuerto no debería ser utilizada para legitimar la del ciego. Si el actual gobierno está haciendo un esfuerzo —por muy mejorable que sea— por estabilizar sus cuentas y responsabilizarse de sus deudas, ¿qué sentido tiene deslegitimarlo poniendo de manifiesto el mucho mayor despilfarro de los “sucesivos gobiernos" anteriores? Por otra parte, La Razón denigra saludables políticas económicas, como la reducción de la inflación o del déficit, como si estas tuvieran un “coste social” mayor que amplía “la brecha entre ricos y pobres”, lo que es una absoluta falsedad.

La Razón enmienda estas desafortunadas consideraciones admitiendo, más adelante, que "el plan de Sánchez de Lozada para exportar gas a través de Chile era una opción racional. Bolivia tiene inmensas reservas, pero nula capacidad financiera para industrializarlas. La exportación a un estado como California, con déficit energético crónico, permitiría equilibrar la balanza de pagos. Pero se ha impuesto la demagogia”.

El Mundo también admite que el de Lozada era “un proyecto sensato” señalando que “el gobierno esperaba percibir durante la vida del proyecto de 5.000 a 9.000 millones de dólares en ingresos fiscales, que quería destinar a inversión social y a crear 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos”.

De forma completamente acrítica, sin embargo, El Mundo describe los “varios muros” con los que se ha topado este proyecto: “la izquierda exige la nacionalización del gas —la privatización de los recursos naturales es un tabú ritual para el progresismo latinoamericano—, los nacionalistas se indignan por el proyecto de sacar el gas a través de un puerto de Chile, los cocacoleros —airados porque el presidente, cooperando en la lucha antidroga con Estados Unidos, amenaza sus ingresos— aprovechan el río revuelto para sumarse violentamente a las protestas”.

En lugar de criticar claramente estas “sinrazones” que se suman a la sinrazón de la oposición a un “proyecto sensato” y que además lo hacen de forma “violenta”, El Mundo concluye diciendo que “al final, las razones y las sin razones se agotan ante este hecho: un país que no sale de su postración exige mejoras y, desesperado, escucha y sigue cualquier protesta contra un poder que ve ineficaz y corrupto, por interesada y aun contraproducente que esta protesta sea”.

Esta protesta no es simplemente “interesada y contraproducente” es una claro intento de golpe en la calle contra un poder democrático que, por criticable que sea, ha sido legítimamente elegido. Si la clase política boliviana está muy expuesta a la corrupción, ¿no será esta mucho más devastadora estando nacionalizados los recursos nacionales como le gusta a la izquierda? ¿Por qué no señalar —puestos a denunciar los intereses y la corrupción— que el principal dirigente de la protesta es —como oportunamente señala ABC— “el diputado izquierdista del Movimiento al Socialismo Evo Morales, que une a su condición política, la calidad de dirigente campesino y propietario de tierras donde se cultiva la hoja de coca”?

En Bolivia no se produce otra cosa que esas conjunciones de fuerzas que han acabado con la democracia en Venezuela: antiglobalizadores, narcoterroristas, izquierda revolucionaria, nacionalistas y populistas; una combinación ciertamente explosiva que no quiere vender el gas sino utilizarlo para hacer estallar la precaria democracia boliviana.