María Dolores de Cospedal acaba de darnos una nueva muestra de ese papanatismo -a veces estúpido; otras, interesado- que impera en buena parte de la clase política y mediática de nuestro país, según el cual todas las resoluciones judiciales merecen un mismo respeto y una misma valoración por parte de los ciudadanos. No voy a reproducir ahora los argumentos contra esa "corrección política" que confunde el deber de acatar y cumplir las sentencias con la supresión del derecho que asiste a cualquier ciudadano en un Estado de Derecho como es el de valorar las resoluciones judiciales como estime más conveniente. Tan sólo voy a ejercitar ese derecho para calificar de "deplorable" la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de absolver, pese a un encomiable voto discrepante, a Baltasar Garzón de un delito de prevaricación por tratar de juzgar a unos señores que ya habían muerto en el siglo XX y por unos supuestos delitos que ya habían prescrito tanto como había sido amnistiados.
El Alto Tribunal reconoce que el otrora juez estrella actuó de forma contraria a Derecho pero elimina el elemento subjetivo característico de la prevaricación considerando que Garzón actuó por error y no a sabiendas de que su proceder contrariaba el ordenamiento jurídico. Ese mismo Alto tribunal consideró hace escasa semanas, con toda la lógica del mundo, que era imposible que Garzón en el caso Gürtel ignorara el articulado del Código Penal que, salvo casos de terrorismo, preserva la comunicación entre los presos y sus abogados. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo nos quiere hacer creer que Garzón sí pudo ser inconsciente de algo tanto o más elemental como es el ordenamiento jurídico que impide juzgar a los muertos, o juzgar delitos que ya han prescrito y han sido amnistiados por ley, tal y como pretendió hacer en el caso de la causa contra el franquismo.
Para hacer creible tan increible ignorancia por parte de Garzón, los magistrados de la sentencia absolutoria sostienen que "la argumentación de los autos tachados de prevaricadores, aunque errónea, es mantenida por algunos juristas en sus informes y en alguna resolución de organismos de control de Derechos Humanos". Además de que esto no demuestra que Garzón ignorara que "la fuerza expansiva de la cultura de protección de los derechos humanos ha de ajustarse al principio de legalidad" esto en modo alguno explicaria como "error" y no como algo deliberado el proceder de Garzón.
Y es que, aun dando por hecho de que Garzón no fuera consciente de que cometía un error jurídico tan garrafal como primar esa etérea "cultura de protección de los derechos humanos" en detrimento del principio de legalidad, eso podría explicar su inobservancia de la Ley de Amnistia o de la prescipción de delitos de nuestro Código penal, pero no el hecho de que las personas que quería llevar al banquillo llevaban décadas criando malvas. Efectivamente ni siquiera los juristas más osados ni las resoluciones a los que Garzón recurre para no tener que someterse al principio de legalidad sostienen que se pueda incoar procedimientos contra personas que están muertas. A diferencia de la Historia, ningún tribunal de justicia puede juzgar a Franco, como no puede juzgar a San Francisco de Asis, a Hitler, a Isabel la Católica, a Lenin o a Napoleón Bonaperte.
Y eso lo sabía el el juez estrella desde el primer momento, como, posteriormente, el propio Garzón puso de manifiesto al cerrar el caso por fallecimiento de los acusados. Que la ignorancia por parte de Garzón del principio de legalidad fue deliberada lo demuestra también el hecho de que la tuvo muy presente cuando, conforme a derecho, se negó a dar trámite a una querella contra Carrillo por unos delitos tanto prescritos como amnistiados como fueron los crímenes de Paracuellos.
En su bochornosa intención de hacernos creer que Garzón no sabía lo que hacia, los autores de esta bochornosa sentencia absolutoria también nos quieren hacer creer que a Garzón le cegó su buena intención de ayudar a los familiares de los represaliados por el franquismo a saber dónde estaban enterrados. Además de que Garzón –salvo que también ignorara en ese momento que estaban muertos- supo desde el comienzo que un procedimiento penal como el que él abrió contra Franco, Queipo, Mola, etc, no iba a ser en modo alguno el medio de lograr ese supuesto fin, el propio Tribunal Supremo ha dictaminado hace semanas, y con respecto a las escuchas de los presos del caso Gürtel, que "la justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia".
Y es que esta bochornosa sentencia de ahora, más que absolver a Garzón, vendría a dejar sin efecto la ley que castiga la prevaricación judicial. Pocas veces se han dado tantas pruebas de que un juez actúa de forma injusta y sabiendas de lo que hacia como lo ha hecho Garzón en su esperpentica causa contra el franquismo. Y pocas veces ha quedado tan acreditado el hecho de que no todas las sentencias deben ser valoradas de la misma forma que las sentencias tan contradictorias con las que, con un intervalo de escasas semanas, el Supremo ha juzgado el proceder de Garzón.