Un país en desarrollo padece altos niveles de corrupción y años de criminalidad creciente, en la que participan todo tipo de criminales y autoridades, incluso la policía. Un nuevo gobierno, elegido democráticamente, promete una reforma que resuelva el problema de la inseguridad y cumple esa difícil tarea.
Ese país es Georgia, que se independizó de la Unión Soviética con la caída de ese imperio. El Banco Mundial considera exitosa la lucha de Georgia contra la delincuencia y la corrupción. Este fue el tema de un estudio del Instituto Legatum (Londres). Si bien no toda la experiencia georgiana se puede reproducir en otros países, provee lecciones importantes.
Tras el colapso del comunismo soviético, Georgia padeció un Estado absolutamente disfuncional, corrupto y capturado por mafias que controlaban a los políticos. El crimen se disparó y los policías formaban otra banda más de criminales. La Revolución Rosa del 2003 fue una reacción contra el sistema corrompido, y en el 2004 se inauguró el gobierno reformador de Mijaíl Saakashvili.
Saakashvili quería ser radical, popular y ganar credibilidad inmediatamente. En julio del 2004 despidió a los 16.000 agentes de tráfico. La circulación no se resintió durante el mes en que el país estuvo sin esos policías, y se reclutó y entrenó a 2.460 personas, generalmente jóvenes y sin antecedentes criminales, para reemplazarlos. A fin de transmitir modernidad y transparencia, las comisarías se ubicaron en edificios nuevos de vidrio y abiertos. El salario de los nuevos policías era 15 veces más alto que el anterior, lo que redujo el incentivo para incurrir en corrupción.
La reforma fue popular y ayudó a promover otras. Así, se remodeló igualmente la policía criminal. Sus 30.000 efectivos tuvieron que volver a optar a sus puestos de trabajo, y mientras la mitad se quedó fuera, algunos fueron procesados por corrupción. Desde el 2003, más de 100 autoridades han sido procesadas, incluidos 5 gobernadores, 6 alcaldes y 93 concejales.
Estas medidas y la reforma del Código Penal facilitaron la lucha contra las mafias, cuyos miembros terminaron en la cárcel o huyeron del país. Asimismo, rompieron el vínculo entre el Estado y el crimen organizado y produjeron una caída notable en la delincuencia. Entre el 2006 y el 2010, la delincuencia bajó en más de un 50%, y los delitos graves en un 66%.
Al haberse labrado una gran reputación, los policías gozan de una alta popularidad. Por otra parte, la corrupción bajó a niveles europeos, y para el 2010 Georgia ya era uno de los lugares más seguros del Viejo Continente.
La lucha contra el crimen y la corrupción se desarrolló como parte de una serie de reformas estructurales y económicas. Una clave ahí fue la reducción de la burocracia y las regulaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad se fusionó con el del Interior y así el número de funcionarios ahí se redujo de 85.000 a 25.000. El Ministerio de Agricultura pasó de 4.370 empleados a 600. El número de ministerios cayó de 18 a 13. Al mismo tiempo, se eliminaron barreras regulatorias hasta tal punto que el Banco Mundial clasifica a Georgia dentro de los 10 países mas fáciles en el mundo para abrir y manejar un negocio. Esto importa, pues cuanta más regulación y burocracia, más corrupción tiende a haber.
No todo lo que hizo Georgia fue ejemplar. Así, su política de tolerancia cero es muy severa en delitos de poca gravedad. Pero sí se pueden extraer lecciones; por ejemplo, que la corrupción y la delincuencia no son culturales, cambian cuando cambian las reglas e instituciones; que el sobredimensionamiento del Estado facilita la corrupción y que no cabe dudar del compromiso de las autoridades en la lucha contra la delincuencia.
© elcato.org