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LA BATALLA DE LAS IDEAS

Algunas políticas macro

Si las políticas que afectan a los mercados de factores de producción están poniendo en peligro a medio plazo cualquier esperanza de recuperación sostenida, en el ámbito macro el actual Gobierno, desde su llegada al poder, ha seguido una política de aumento descontrolado del gasto público al socaire de una recaudación de impuestos creciente, dado el boom que vivió nuestra economía los últimos diez años.

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Se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de reducir impuestos y favorecer la actividad empresarial para poder ganar competitividad en la economía global.

No podemos olvidar que todo lo que un gobierno puede gastar se lo ha tenido que sustraer primero a individuos y empresas, lo que va en detrimento de la creatividad empresarial, la inversión, la autonomía de la sociedad civil, la creación de empleo y la libertad social. Los socialistas de todos los partidos siguen creyéndose sus propias mentiras, entre ellas la de que los gobiernos sabrán asignar mejor los recursos que el sector privado. La experiencia dice lo contrario, pero la búsqueda de poder del sector político y su fatal arrogancia hace oídos sordos a la experiencia.

Me sorprende que todavía haya economistas que piensan que, si se lo quita a personas y empresas, el Gobierno, taumatúrgicamente, será capaz de multiplicar el ahorro en inversiones más productivas que las que llevaría a cabo el sector privado. Según ese principio, llevemos el gasto público al 100% del PIB, con impuestos del mismo nivel, y dejemos que el complejo político-burocrático invierta, ya que supuestamente lo hace mejor que el sector privado. En este sentido, aunque está sujeto a debate, el profesor Barro ha puesto en duda el llamado multiplicador keynesiano, que sostiene que cuando el estado (en lugar del sector privado) invierte se produce un efecto multiplicador sobre la actividad económica. Creo que el profesor Barro tiene razón, y que la vía para impulsar la actividad económica es la disminución de impuestos y el aumento del ahorro, que se traducirá en una mayor inversión, en creación de empleo y finalmente en aumento del consumo. La proporción entre ahorro y consumo la deciden mucho mejor los individuos que los gobiernos.

El problema del aumento del gasto público, en el contexto de la actual crisis, es que ahora está respaldado por ese afán de poder y control sobre la economía de los gobiernos mundiales, con el socialista Obama a la cabeza. El sueño de una noche de otoño de estos intervencionistas mundiales se ha plasmado en la creación del G-20, que pretenden que sea el Consejo Mundial de Administración de la economía global. Grupo en el que se integran claros paradigmas de la libertad económica como Brasil, China, la India, Argentina o Arabia Saudita. Siguen obsesionados con mantener los aumentos de gasto público y evitar la reducción de impuestos (con la honrosísima excepción de Alemania), y están decididos a seguir inyectando fondos a una economía mundial enferma. Están tratando el dolor de estómago (síntoma) que produce una úlcera (causa) con aspirina, lo que agravará el problema.

En el caso español, esta carrera demencial de aumento del gasto que inició el gobierno socialista, y que sigue permitiendo o incentivando en algunas autonomías y municipios (como el regentado por el alcalde socialista de Madrid, el Sr. Gallardón), nos conduce inoxerablemente a un déficit público del orden del 10-12% del PIB, a una deuda pública que en un par de años pasará del 35 al 60% del PIB y a un déficit de exterior que refleja lamentablemente la falta de competitividad de nuestras empresas (gracias a Dios, no de todas). Que la deuda o el déficit públicos no sean mayores que en otros países europeos, lo único que pone de relieve es que el problema es todavía más grave; y además, que la competencia para obtener financiación exterior para nuevas inversiones va a ser cada vez más dura, y a un coste cada vez mayor, que puede llevarnos a una bancarrota del Estado. Nos encaminamos peligrosamente a una gigantesca burbuja mundial de deuda pública, de la que será dificilísimo salir, o se saldrá a través de una elevadísima inflación o de la quiebra de muchos estados.

Mientras tanto, la insuficiencia de ahorro interno para financiar las inversiones domésticas ha hecho necesario recurrir al ahorro exterior, lo que nos ha llevado a un déficit por cuenta corriente que, a pesar del decrecimiento de nuestra economía, está en torno al 6% del PIB. Todas estas inmensas inyecciones de gasto público, lejos de crear empleo, según esa ficción del multiplicador, está logrando que ganemos la Champions League del desempleo, con una tasa superior al 20%.

En lugar de permitir que nuestra economía se limpie de malas inversiones, empresas no competitivas e instituciones financieras inviables, las autoridades económicas tratan a toda costa de frenar el proceso, con lo que nos encaminamos aceleradamente a un largo período de estancamiento al estilo japonés. ¿Qué pasará cuando los tipos de interés empiecen a subir y la banca española no pueda recurrir al Banco Central Europeo ni a comprar deuda pública? ¿Los mercados financieros internacionales estarán dispuestos a financiar la actividad económica de un país incapaz de crecer a medio plazo? Personalmente, lo pongo en duda. En estas circunstancias, es una locura que se insista en gravar el ahorro: habría que promoverlo por todos los medios.

Mientras tanto, en una huida hacia delante suicida, el Gobierno pretende equilibrar ese déficit público galopante con subidas de impuestos, reducciones testimoniales de gasto público y el mantenimiento de una financiación autonómica incontrolada e incontrolable. Aunque algunos corifeos del Ejecutivo consideran los actuales PGE restrictivos, el hecho cierto es que el gasto público crece casi el 20% respecto a lo presupuestado, aún cuando se han reducido los gastos de inversión de algunos ministerios. Pero no se observa voluntad alguna realmente ahorradora del Gobierno: no suprime o refunde ministerios innecesarios, como los de Vivienda, Cultura e Igualdad, no privatiza televisiones estatales y regionales, ni deja de financiar países que no lo necesitan, o estudios innecesarios, o sectores como los del automóvil, el cine y las energías renovables, por poner sólo unos ejemplos, que podrían significar una reducción del gasto del orden de 40.000 millones de euros (4% del PIB).

También en el ámbito de la política macroeconómica, uno de los aspectos más negativos es la ruptura de la unidad de mercado en España. Para poder competir internacionalmente es imprescindible que existan mercados muy amplios, que permitan que las empresas alcancen economías de escala. En un mercado global y abierto es imprescindible una política macro a escala nacional que impulse la capacidad competitiva de las empresas. Como recientemente afirmaba el economista Juan Iranzo, existe un límite claro a la descentralización administrativa, que es, precisamente, la conservación de la unidad de mercado. Por lo tanto, hay que definir qué se entiende por unidad de mercado: ésta se da cuando está garantizada la libre circulación de bienes, servicios, capitales y factores de producción. Por lo tanto, hay que evitar aquellas políticas y actividades que creen distorsiones en los mercados y levanten barreras a la competencia.

Siguiendo al profesor Iranzo, en España las normas de etiquetado o de embalaje, las exigencias respecto al conocimiento de las lenguas regionales –o su utilización en rótulos, catálogos, etc.–, las distintas exigencias o normas medioambientales o de seguridad, o incluso las divergencias sobre interpretación de normas por parte de las instancias judiciales, todo ello supone un incremento en los costes empresariales muy negativo para la competitividad de las empresas. Las regulaciones de los colegios profesionales y de las profesiones liberales pueden llegar a impedir el libre ejercicio de la profesión en todo el territorio, lo que fragmenta el mercado único. Así, se llega al absurdo de que las empresas que deseen implantarse en todo el territorio nacional deban contratar diecisiete gabinetes jurídicos distintos, "lo que multiplica sus costes y ejerce un efecto disuasorio sobre la inversión extranjera".


VICENTE BOCETA, técnico comercial y economista del Estado.

LA BATALLA DE LAS IDEAS:
El ocaso de las ideas – El capitalismo democrático  La base del crecimiento económico.
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