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LOS MALES DE LA REDISTRIBUCIÓN

Desnaturalización de la solidaridad

La palabra "solidaridad" encubre un enmarañado conjunto de prácticas redistributivas. Se inicia en la tributación progresiva y acaba en el gasto público, que favorece a personas necesitadas (y a los más espabilados) en forma de aportaciones en efectivo o de servicios gratuitos. Esas dos redistribuciones de tipo personal se acompañan de dos más de índole territorial, con los mismos beneficiarios y sufragáneos. Una la hace el Estado y la otra la UE. La quinta se refiere a prestaciones, concretas y no generales, como gratuidad de matrículas universitarias, becas o vivienda pública.

La palabra "solidaridad" encubre un enmarañado conjunto de prácticas redistributivas. Se inicia en la tributación progresiva y acaba en el gasto público, que favorece a personas necesitadas (y a los más espabilados) en forma de aportaciones en efectivo o de servicios gratuitos. Esas dos redistribuciones de tipo personal se acompañan de dos más de índole territorial, con los mismos beneficiarios y sufragáneos. Una la hace el Estado y la otra la UE. La quinta se refiere a prestaciones, concretas y no generales, como gratuidad de matrículas universitarias, becas o vivienda pública.
Detalle de MANOS, de Roberto Fernández González.
Además, hay redistribuciones directas impuestas por ley, como la congelación de alquileres, las expropiaciones "parciales" –cuando se limita a los agricultores el uso que pueden hacer de sus terrenos so pretexto de proteger el paisaje, las aves o cualquier otra cosa– o la "cesión" de suelo en las promociones inmobiliarias, que encarece el coste de la vivienda libre y facilita terreno para que los ayuntamientos hagan vivienda social o se limiten a subastarlo con posterioridad.
 
La redistribución tiene consecuencias no previstas:
 
– Siempre promueve lo que se paga, y la redistribución no escapa a la regla.
– Los beneficiarios infravaloran lo que perciben, porque lo que tiene un coste de obtención nulo se aprecia menos que lo que se gana con esfuerzo.
– En esas condiciones, su demanda aumenta, acercándose al infinito.
– El hábito en la percepción de prestaciones públicas lo convierte en derecho sin contrapartidas.
– Una derivación sobrevenida es el intento, muchas veces logrado, de crear la expectativa de nuevas prestaciones esperando el voto de los beneficiarios potenciales.
– Los que soportan la carga fiscal y reciben a cambio nada o poco ven desincentivado su esfuerzo e inversión. Esto reduce las oportunidades reales para los menos favorecidos y los recursos que podrían reforzarlas.
– Como las expectativas rebasan las posibilidades de financiarlas, se postulan nuevas obligaciones para que las empresas resuelvan directamente carencias sociales con cargo a sus beneficios y mantengan una cohorte de consultores y certificadores.
– Se deterioran la libertad económica y el ejercicio de la libre empresa. Las libertades  son inseparables, y detrás va el resto. La libertad exige riesgo; sin ella todos los avatares adversos recaen sobre el Estado.
– En poco tiempo los beneficiarios iniciales empiezan a ser sustituidos por los más listos y menos escrupulosos.
– La ayuda al prójimo pierde valor ético. El valor moral está ligado a la voluntariedad, y sin ésta no existe, con impuestos que son exacciones.
 
La red de apoyo mutuo, la caridad y ayuda directa se resienten. Valores como la autonomía y otros se corroen. Palabras como "justicia" y "solidaridad" se desvirtúan. Sin embargo, la solidaridad es concepto noble, resultado y síntoma de civilización. Debe volver a su sentido originario. Ha de acotarse, aplicarse a finalidades concretas para que los necesitados salgan de la situación de dependencia. La contribución debe ser reconocida. Hay que eliminar superposiciones y confusión. Las actuaciones deben evaluarse según cumplimiento de objetivos. Han de acabar aquellos programas que persisten sin finalidad explícita y sin seguimiento de resultados. Debe minimizarse el coste de recaudación y transferencias, así como las distorsiones que se producen en la eficiencia, en la situación competitiva y en los mercados exteriores.
 
Las políticas redistributivas merecen transparencia, tienen que dejar de ser un motivo de confrontación política, y cada propuesta deberá ir precedida del pertinente estudio de costes y beneficios.
 
 
Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo de Foment del Treball Nacional y miembro de la Mont Pelerin Society. 
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