Sin embargo, en circunstancias excepcionales la estricta aplicación de ese principio puede provocar quebrantos mayores de los que pretende evitar. No son circunstancias habituales, ni mucho menos naturales, sino que normalmente tienen su origen en la continuada interferencia del Estado, que tiende a dejar que los desequilibrios económicos se acumulen hasta que se transforman en una auténtica bomba de relojería.
Es lo que sucede en el ámbito de la banca (y en muchos otros, como el sistema de reparto de la Seguridad Social). Abandonado el patrón oro y promovida la iliquidez de los bancos hasta límites del todo inalcanzables bajo el referido sistema, el sistema de cobros y pagos ha quedado absolutamente colonizado por los pasivos de una banca cuyo colateral está conformado esencialmente por préstamos a muy largo plazo. Si el valor de esos activos se viene abajo, también se desplomarán los medios de pago, lo que impedirá que los agentes económicos efectúen las transacciones más básicas y cotidianas. En suma, una quiebra bancaria generalizada alteraría fundamentalmente los patrones de especialización de la economía, lo que en la práctica se traduciría en el colapso de la producción y del nivel de vida de la gente. Por eso las quiebras bancarias son tan dañinas en sociedades que se manejan con dinero fiduciario y donde la banca práctica un exagerado descalce de plazos.
¿Significa esto que, como han repetido prácticamente todos los políticos a izquierda y derecha, no hay alternativa a la bancarrota de los bancos que la nacionalización de los mismos? ¿Significa esto que en la banca debe primar la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas? ¿Significa esto, en definitiva, que, cuando de bancos se trata, no queda otra que dejar de lado los principios básicos del libre mercado?
No, existen otras posibilidades de las que incluso han comenzado a hablar el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y que en gran medida reproducen los mecanismos que imperarían, precisamente, en un mercado libre.
Un banco está quebrado cuando su pasivo es superior a su activo. Si, como consecuencia del impago de los préstamos que ha concedido, el activo cae a 90 um mientras el pasivo se mantiene en 100 um, ese banco tendrá un déficit de fondos propios de 10 um. Generalmente, en ese punto la entidad entraría en concurso de acreedores, vendería sus activos al mejor postor y con lo obtenido trataría de saldar sus deudas. Dada la iliquidez de las inversiones, el resultado de esta operación suelen ser unas pérdidas abismales para los acreedores y de una descomposición del sistema de pagos. Pero existe una alternativa que normalmente requiere del visto bueno de los acreedores: si, por ejemplo, la entidad transformara un 20% de sus pasivos en capital social, volvería a ser solvente. Su activo ascendería a 90 um, sus deudas a 80 y sus fondos propios a 10.
Así pues, una solución para evitar la quiebra consistiría en canjear forzosamente parte de los créditos de alto riesgo y a más largo plazo de los acreedores por fondos propios de la entidad. Gracias a ello, ésta se recapitalizaría reduciendo su endeudamiento, los contribuyentes no pagarían los platos rotos por los malos gestores y la compañía seguiría en manos privadas, con lo que se evita la perniciosa politización de la misma. Es verdad que el canje forzoso de deuda por acciones puede ser una herramienta poco respetuosa con la propiedad privada de los acreedores, pero no es menos cierto que 1) menos responsables del desaguisado son los contribuyentes, y sería injusto saquearlos para que aquéllos no perdieran; 2) si esos acreedores no experimentaran pérdida alguna se estaría aprovechando del eventual rescate público de la banca, privilegio que fue el que inicialmente les permitió desentenderse analizar de manera adecada la entidad.
Los canjes forzosos de deuda por acciones permitirían rescatar a la banca española sin necesidad de que nuestro Estado se endeudara de una manera que nos abocara a la insolvencia. Hoy mismo, el Instituto Juan de Mariana ha publicado una nota de prensa en la que informa de que existen alternativas para hacer aflorar los 23.500 millones de euros que el Gobierno pretende inyectar en Bankia. Para ello bastaría con convertir en acciones el 100% de las deudas subordinadas (aquellas que se pagan en último lugar, y cuyos tenedores por tanto asumen casi tantos riesgos como los accionistas), el 10% de las deudas que vencen entre 2014 y 2017 y el 30% de las deudas que lo hacen entre 2017 y 2050.
Tan sólo con este pequeño canje de deuda por acciones, que ni siquiera afectaría a los impositores o a los tenedores de pagarés, Bankia accedería al mismo capital que el que pretende inyectarle el Gobierno del PP a costa de todos los contribuyentes y de la propia solvencia del Reino de España.
Definitivamente, puede que no exista alternativa a la recapitalización de Bankia y del conjunto del sistema financiero español, pero sí la hay a que esa recapitalización deba consistir en hipotecar el presente y el futuro de la economía española.
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