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DROGAS

Una guerra injustificada

La guerra contra el narcotráfico tiene un costo extremadamente alto en vidas y amenaza con destruir las instituciones necesarias para mantener la democracia en varios países de Latinoamérica.

Gabriela Calderón de Burgos
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Cada vez es más evidente que esta guerra no está reduciendo la disponibilidad ni el consumo de drogas, y que, de hecho, agrava los daños colaterales asociados a ellas.

Cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, llegó al poder en diciembre de 2006, declaró una guerra sin cuartel al narcotráfico, en la que involucró a las fuerzas armadas. La tasa de homicidios del país, medida como el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, había venido cayendo de manera sostenida desde mediados de los 80, pero entre 2007 y 2010 se disparó un 260%. El gobierno reconoce 35.000 muertes relacionadas con el crimen organizado entre diciembre de 2006 y finales de 2010, aunque cálculos independientes ubican la cifra entre 40.000 y 52.000. Human Rights Watch indica en un informe publicado este mes cómo aumenta dramáticamente el número de asesinatos año tras año: de 2.826 en 2007 a 15.273 en 2010.

¿Son en vano estas muertes? El principal promotor de la prohibición es el gobierno de EEUU, país que concentra la mayor demanda de estupefacientes; pues bien, el informe anual de su Departamento de Justicia aporta evidencia de que la guerra contra las drogas está fracasando. Y es que la disponibilidad y el consumo de varias de las principales drogas ilícitas (la heroína, la marihuana, el éxtasis y la metanfetamina) está aumentando, particularmente entre los jóvenes, y las organizaciones criminales transnacionales operan (2009-10) en más de mil ciudades norteamericanas.

Liberales como Milton Friedman han venido estando contra la prohibición por considerarla un ataque injustificado a la libertad individual. En cuanto a los conservadores, bien podrían respaldar políticas alternativas a la prohibición, en vista de que la guerra contra las drogas no promueve sus objetivos. Así, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso arguyó recientemente en el Wall Street Journal que, precisamente porque desea que se reduzca el consumo de drogas, así como la violencia a éstas vinculada, que pone en peligro la democracia en América Latina, él propone como un primer paso la despenalización de la marihuana.

Sea como fuere, los gobiernos de la región, con contadas excepciones, insisten ciegamente en la anticuada estrategia extremista de criminalizar el consumo, la producción y la distribución de drogas. En Guatemala, Otto Pérez Molina acaba de ganar las presidenciales prometiendo "mano dura" (al estilo mexicano) contra el narcotráfico. En Sudamérica, la Unasur se prepara para conformar una policía antidroga. En EEUU, la administración Obama ha continuado con la política iniciada por Bush de enviar soldados a participar en operativos militares en varios países del hemisferio, entre ellos Haití, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice.

En México y Guatemala, el costo de la guerra contra las drogas se ha vuelto tan prohibitivo y doloroso, que sería frívolo continuar con la misma estrategia. Otros países latinoamericanos con instituciones débiles se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, y podrían seguir el mismo camino si no consideran las alternativas.

 

© El Cato

GABRIELA CALDERÓN DE BURGOS, editora de elcato.org y columnista de El Universo (Ecuador).

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