El Instituto del Banco Mundial informa que, en lugares pobres como la India, la gente paga sobornos cuando nacen sus niños, cuando recogen los restos de sus seres queridos en el tanatorio y por todo lo que necesitan entre medias: recogida de basura, agua limpia, medicinas, entrada a las escuela públicas y hasta por protección policial. En un artículo reciente del San Diego Union Tribune, basado en un informe del Banco Mundial, se contaba la historia de los pequeños sobornos que las familias afrontan si sus bebés nacen en un hospital. “Antes que la madre haya podido siquiera echarle un vistazo a su bebé, una enfermera se lo llevó y una asistente exigió un pago. A las familias les dicen que si quieren ver a su bebé, el precio es 12 dólares por un niño y 7 dólares por una niña, mucho dinero para gente que vive en los tugurios y que se la tiene que arreglar con un dólar al día”.
Hay que multiplicar este pequeño hecho docenas de veces en el transcurso de la vida de una persona para hacerse una idea del agobio que representa la corrupción para las familias. Esta cantidad de extorsión hace casi imposible que la gente pueda arreglárselas, no ya acumular riqueza. Multiplicando esa cantidad por millones de familias en un país como la India se ve que los pobres pierden una cantidad exorbitante a manos de este carterismo semi-legal de bajo nivel.
Las autoridades públicas en muchos países pobres hacer caso omiso de este tipo de cosas por completo. El gobierno, los funcionarios y hasta la policía consideran el soborno como “la cosa más normal del mundo”. En realidad, cuando los funcionarios subalternos hurgan en los bolsillos de los pobres, se puede apostar que hay aún más corrupción subiendo hasta las altas jerarquías burocráticas y políticas. Cuando los directores locales de sanidad pagan sobornos a los altos funcionarios para conseguir buenos puestos de trabajo, esos mismos directores se dan la vuelta para exigir dinero a los trabajadores de menor rango, continuando una cadena alimentaria de corrupción que incluye en último lugar a los mismos pacientes.
El economista Álvaro Vargas Llosa cree que la corrupción es una de las principales causas por las que la gente es desesperadamente pobre en primer lugar. En su nuevo libro “Libertad para Latinoamérica: Cómo deshacer 500 años de opresión estatal” demuestra que la corrupción es mucho más destructiva que el simple hecho de transferir dinero de los bolsillos de los desdichados a los bolsillos de los funcionarios gubernamentales bien colocados. La corrupción inhibe la formación de capital y el desarrollo laboral.
Abrir una empresa nueva en muchos países latinoamericanos exige seguir una increíble cantidad de reglas y reglamentos. Llosa, nacido en Perú y ahora investigador del Instituto Independiente en Oakland, California, cita un informe del Harvard Institute of Economic Research que muestra las alarmantes diferencias en el tiempo necesario para abrir un negocio legalmente en diversos países.
Recientemente tuve la oportunidad de dirigirme a un grupo de obispos católicos en México. Uno de ellos contaba una historia que corrobora el argumento de Llosa. El obispo contó que un pariente suyo quería abrir una gasolinera. Le tomó 4 meses cumplir con todas las normas necesarias para operar un negocio legal. Esos 4 meses son casi los 112 días de los que hablaba el informe de Harvard. Esto contrasta con los 2 días que se exigen por ley para abrir una empresa en Canadá. Y cuando empecé mi propio negocio en Vista, California, me sentí maltratada porque tuve que pasarme la mañana sacando mi permiso para cobrar el IVA, mi licencia de apertura y el permiso de ocupación de zona para poder operar desde mi propia casa.
La reglamentación excesiva en países pobres alienta la corrupción. Los funcionarios subalternos estatales responsables de ver que se cumplan esas ordenanzas esperan que se les pague. Obtener los permisos para operar una empresa legalmente casi exige que se paguen sobornos.
Estas reglamentaciones también amenazan a la “economía informal”. Mucha gente se arriesga calculadamente a ignorar los requerimientos legales y simplemente abren su negocio. Estas empresas ilegales, que representan el 30% de la economía mexicana, son siempre vulnerables a ser clausuradas por funcionarios insignificantes. Los negocios que operan fuera de la ley deben pagar lo que sea que les exijan como dinero de protección.
Finalmente, los negocios que operan informalmente y las asociaciones comunitarias tienen un acceso limitado al crédito, Según la revista The Economist, sólo 1 de cada 10 africanos trabaja en una empresa legalmente reconocida o vive en una casa que tiene derechos de propiedad reconocidos legalmente. Un negocio que opera fuera de la ley tendrá muchos problemas para conseguir un crédito porque la gente no puede usar esa propiedad como aval para un préstamo. El economista Llosa apunta que regularizar la propiedad de edificios y empresas de propiedad informal permitiría a la gente acceso a créditos que podrían dar paso a la expansión de su negocio.
La inversión extranjera, por sí misma, no puede reavivar el desarrollo económico de un país. El equipamiento del capital, con lo importante que es, tampoco puede hacer todo el trabajo por sí mismo. Los “recursos morales” de un país como la transparencia de gobierno, la falta de corrupción y el imperio de la ley marcan la diferencia entre una economía empobrecida y una próspera. Sin un sistema legal que proteja del robo a las inversiones, pocas personas se arriesgarán a invertir. Dentro de un sistema que protege a los que reciben sobornos, los que producen los trabajos están en seria desventaja. Reformar el sistema legal en países subdesarrollados es una parte necesaria en cualquier estrategia para el avance económico.
Por ponerlo de otra forma, el pecado no es rentable.
La Dra. Jennifer Roback Morse es investigadora decana en Economía del Instituto Acton para el estudio de la religión y la libertad y autora del libro: “Smart Sex: Finding Life-long Love in a Hook-up World”.