Sus torpes y desesperados intentos de justificar la iniciativa llegan al borde del ridículo. Como es bien sabido, la objeción de conciencia se puede plantear cuando una norma impone al ciudadano obrar de forma contraria a sus convicciones. Carece de sentido invocarla cuando la propia norma permite al individuo decidir libremente.
Quizás, en su ciego sectarismo, sean los únicos españoles que aún no se han enterado de que nadie está obligado a destinar ni un céntimo de sus impuestos a financiar a la Iglesia Católica, como tampoco lo está a destinar idéntica cantidad a otros fines de interés social; de tal suerte que, si alguien no marca ninguna de ambas casillas en su declaración, el 1,4% de sus impuestos será utilizado para aquello que el Gobierno estime conveniente; si deja de marcar sólo una de ellas, el Ejecutivo dispondrá del 0,7% según su mejor criterio. Lo que en ningún caso hará el fisco es dejar de ingresar ni un céntimo de la cantidad que el contribuyente deba ingresar en las arcas públicas.
Es más que posible que los incautos que siguen sus irrisorias consignas, y que difícilmente habrían marcado jamás la casilla de la Iglesia, acaben boicoteando en la práctica a organizaciones a las que los convocantes ven con mucho mejores ojos que a la eclesial (y con las que el gabinete Rodríguez es sumamente generoso), además de correr el riesgo de tenérselas que ver con los inspectores de Hacienda.
Para más inri, algunos de ellos recurren a una añagaza tan inconsistente como afirmar que la forma de financiación fijada para la Iglesia representa un agravio comparativo o una discriminación negativa para otras religiones. Si las demás confesiones que tienen acuerdos firmados con el Estado español no se financian aún vía IRPF es porque las entidades que las representan y el Gobierno han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Ninguna responsabilidad se le puede achacar por ello a la Iglesia Católica.
Quien suscribe estima que sería lo más razonable que se les aplicara esa fórmula a todas las confesiones religiosas... y a muchas otras instituciones (por ejemplo, los sindicatos y los partidos políticos) a las que de hecho financiamos, sea o no nuestra voluntad, porque los gobernantes nos lo imponen.
Es más, cabe preguntarse a qué se espera el Gobierno para hacer realidad su anuncio de incluir a otras religiones en la casilla del 0,7%. Hasta el momento, solo los protestantes han pactado con el Ejecutivo para que así sea en un futuro próximo.
Lo bien cierto es que, mientras a la Iglesia Católica la financian solo quienes voluntariamente destinan el tan traído y llevado porcentaje a ese fin y quienes hacen donaciones directas, las demás religiones con las que el Estado tiene acuerdos de colaboración son financiadas por todos los españoles a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
En el artículo 23 de los estatutos de la Fundación se establecen varias vías de financiación, como los "recursos procedentes de entidades públicas, las donaciones, los legados y los ingresos provenientes de actividades económicas". Pero resulta muy revelador comprobar cuál ha sido en la práctica la procedencia de sus fondos en los dos años de los que la web de esa institución da cuenta a día de hoy.
Según consta en la Memoria 2005 (pág. 14), la Fundación se financió en ese ejercicio "mediante una subvención nominativa de 3 millones de euros concedida a la misma en los Presupuestos Generales del Estado". En la Memoria 2006 (pág. 16) se detalla que los 4.037.468,44 euros ingresados en ese año procedían de "una subvención nominativa proveniente de los Presupuestos Generales del Estado por valor de 4 millones de euros y de dos donaciones privadas".
Como me decía mi abuela, la mentira tiene las patas muy cortas.