¡Y aún pretenderán respeto y reverencia! Más quizá, cuanto más descreídos. Bien sabe Dios que nuestro respeto a su dignidad lo es porque, pese a sus esfuerzos por lo contrario, vemos en ellos criaturas creadas a imagen del creador. Precisamente por ello, y aun cuando esta circunstancia lo fuera contra su voluntad, por su origen, y por el hecho de ser los únicos seres de la Creación a quien Dios ama por sí mismos, respetamos y defendemos su dignidad con mayor convicción que ellos mismos.
Sus propósitos, sin embargo, parecen empeñados en lo contrario. Negociar, incluso por vía de saldo, su propia estima, anteponiendo intereses personales, temporales y como tales efímeros, a los que pertenecen, por su propia naturaleza, a la alta misión que se les tiene encomendada, es una forma de menospreciarse y de estimular a quienes contemplan sus actuaciones hacia el desprecio, cuando, ni siquiera la ignorancia es posible.
El espectáculo de algunos partidos minoritarios, de muy escasa representatividad pero, por el matemático juego de las democracias, sostén imprescindible para la continuidad del gobierno en el poder, en el ir y venir del tramite parlamentario de la Ley de Presupuestos para el año 2005, no puede menos de ser humillante para los que lo practican y bochornoso para quienes lo contemplan.
Por mucho menos de un plato de lentejas, se pasa de una enmienda a la totalidad a un apoyo incondicionado para la aprobación de la Ley. Ello, además, en un abrir y cerrar de ojos que ni siquiera permite colocar en lugar visible el anuncio de que la dignidad personal e institucional, está de rebajas.
Algunos de Sus Señorías asumen su actividad parlamentaria y conciben el propio Parlamento, como si de chamarileros en un mercado callejero se tratara. ¿Habrán oído hablar, por azar, de algo que conocemos como "bien común"? ¿Perciben en sus mentes, que sólo en la medida en que se esfuercen por su consecución es en la que los ciudadanos van a estimar su labor con el respeto que ésta merece?
Corría el año sesenta y tres, cuando Juan XXIII afirmaba: "La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De donde se deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien común..."[1]
Por si hay dudas, el bien común es el bien de todos y de cada uno de los individuos, por lo tanto irreconciliable con el atesoramiento para uno o para el partido a que pertenezca de lo que está llamado por función a ser bien de la colectividad. Es más, "... el bien común abarca a todo el hombre, es decir tanto a las exigencias del cuerpo como a las del espíritu. De lo cual se sigue que los gobernantes deben procurar dicho bien por las vías adecuadas... de tal forma que, respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu."[2] No deja de ser extraño que, quienes más proclives resultan a restringir el derecho de propiedad privada en aras de una pretendida función social de aquella, confundida las más de las veces con un simple interés gubernamental de signo estatalista, pretenden elevar a interés público lo que no pasa de ser una espuria pretensión que, como tal, descalificaría a la persona humana que la pretendiese.
Al pueblo, a la ciudadanía, como gusta de decir, se le puede pedir mucho y hasta se puede, de su generosidad, esperar más, pero resulta cuando menos sorprendente que se le reclame una estima y consideración para con los políticos activos, que se sitúa muy por encima de la que algunos de ellos se profesan a sí mismos.
La actividad parlamentaria, por su importancia, debe estar reservada a quienes pretendan ejercerla con dignidad, decoro y honestidad, y siempre en aras del bien común. Quienes pretendan convertir el hemiciclo parlamentario en una arena circense, en ocasiones sangrienta, a modo de espectáculo gladiador –insultando, amenazando o advirtiendo– y en otras, no menos frecuentes, en tragicomedia revestida de negocios bastardos, deberían abstenerse de pisar suelo, tan socialmente sacro.