Tras una ligera modificación en algunos puntos por parte de la Ley de Calidad del PP, la arrolladora llegada del PSOE al Gobierno derogó los desarrollos de esta ley en varios puntos nucleares. Hay una idea fija en este comportamiento: la convicción que tiene la izquierda, en general, de que la educación es un instrumento de poder sobre los ciudadanos, y no un derecho propio de los padres, dentro de su responsabilidad irrenunciable sobre el tipo de formación que quieren para sus hijos (véase Constitución española, artículo 27.3).
Entre las propuestas del Ministerio de Educación para enmendar la reforma educativa planteada por la Ley de Calidad, destaca la vuelta a la llamada escuela comprensiva, la educación en valores entendida como formación ciudadana, y una insidiosa enseñanza de las religiones. El discurso socialista en educación recurre habitualmente al principio de igualdad de oportunidades, que hace consistir en que todos tengan cabida en la escuela, y en que ésta sea única, pública y laica. Subyace la idea de que la educación tiene como función prioritaria y fundamental la socialización de niños y jóvenes, por encima de la transmisión de saberes, y que el modelo de escuela ha de ser acorde con el modelo de sociedad que sostiene el PSOE. El igualitarismo y la no discriminación son invocados para admitir o rechazar valores y propuestas educativas.
A ello responde una estrecha visión de la llamada enseñanza comprensiva, que, invocando con ocasión y sin ella la igualdad de oportunidades, ha fomentado el igualitarismo a la baja, contra las más elementales exigencias de una formación personalizada. Bajo la idea de que no es admisible una educación que discrimine a los alumnos, todos son obligados a recibir la misma educación en el mismo escenario educativo. Esto significa que el único criterio de agrupamiento del alumnado es la edad. Pero la forzada heterogeneidad de los grupos de alumnos imposibilita en la práctica una atención real a la diversidad, es decir, una enseñanza personalizada en lo posible, y sólo hay una forma de que todos en la misma aula sepan lo mismo: que sepan tanto como el que menos. Así, el modelo de escuela comprensiva acarrea siempre la tendencia a rebajar los niveles de competencia. Los datos manifiestan que se viene propiciando un elevado fracaso escolar (más del 30%), y el agotamiento y el malestar de numerosos docentes (la profesión docente está actualmente a la cabeza de bajas laborales en España). Otros países, singularmente Gran Bretaña, han rectificado, y han vuelto a hablar de excelencia en educación (¡los laboristas ingleses!).
Otro elemento de este modelo de escuela es la existencia de una fraudulenta titulación única al concluir los estudios básicos. El Ministerio se obstina en impedir que puedan existir itinerarios educativos adaptados a la diversidad del alumnado antes de los 16 años. Se corre así el peligro de olvidar las competencias necesarias para hacer frente con madurez a la vida, a la universidad, a la profesión... Porque la realidad de las cosas es tozuda, y no disminuye sus exigencias y dificultades.
Otros aspectos más sombríos de la propuesta socialista –y viene de lejos– es la fáctica desaparición de la educación humanística y de una formación ética sistemática a lo largo de los diferentes tramos del sistema educativo, así como la falta de reconocimiento real a la enseñanza de la Religión. Sé las dificultades de impartir enseñanzas que no pueden verse reflejadas en una evaluación y en una calificación, como lo son el resto. La alternativa a la Religión confesional es el exacto ejemplo del evidente principio pedagógico de que lo que no se evalúa se devalúa. Y se quiere que esto ocurra también con la enseñanza religiosa confesional.
El relativismo de las reflexiones alusivas a los valores en la propuesta del Ministerio dificulta una formación integral genuina y propicia una disparatada fragmentación de los saberes, lo que impide todo aprendizaje verdaderamente significativo. El actual potpourri de los temas transversales –por el que vuelve a apostarse–, con su difícil desarrollo curricular, no puede suplir una formación moral sistemática.
La proposición del MEC advierte la rebeldía de los hijos y la consiguiente dificultad para la educación familiar, así como el avance del individualismo y de «una moral de situación que parece fragmentar la vida personal y social en mil visiones distintas y, muchas veces, contrapuestas». La Educación para la ciudadanía propuesta por el Ministerio, que habría de impartir cada tutor en el último ciclo de Primaria y que se encomendaría a los departamentos de Filosofía y de Geografía e Historia para la ESO y el Bachillerato –un año sí y otro no–, además de sustituir a la ya depauperada formación ética de 4º de la ESO, incluiría una vaga educación en valores democráticos y la enseñanza no confesional de las religiones. Esto no es una propuesta seria, sino más bien un cajón de sastre, un nominalismo educativamente nefasto y una tomadura de pelo a las familias y a la sociedad.
Y por si todo esto no fuera preocupante, hay algo que no puede ignorarse en absoluto: la saña persecutoria contra la presencia de la Religión confesional –especialmente de la Religión católica– en el ámbito educativo. Tras derogar el Real Decreto que organizaba por fin seriamente este tipo de enseñanzas junto con las de un estudio no confesional del hecho religioso, unas y otras programadas y evaluables de manera digna, los socialistas propician que las familias y los alumnos puedan renunciar a desarrollar actividades alternativas a la enseñanza confesional de la religión. Esto se traduce en que las clases de Religión irán a las primeras o últimas horas, o incluso fuera del horario escolar. También se alude, bajo capa de una falsa igualdad, a que el nombramiento del profesorado no se haga a propuesta de las Iglesias correspondientes, sino, en la práctica, de la Administración. Con otras palabras: disminución de la calidad y persecución de guante blanco.
Andrés Jiménez Abad es Catedrático de Filosofía y pedagogo. El artículo fue publicado originalmente en Alfa y Omega nº422.