La manipulación de la opinión pública con objetivos políticos es casi tan vieja como la propia humanidad. Con más o menos medios en función del desarrollo tecnológico de las sociedades, todos conocemos ejemplos de cómo a través de los rumores prefabricados o de medios de comunicación devotos se ha conseguido que los ciudadanos se posicionen a favor o en contra de determinadas cuestiones políticas o sociales.
Los españoles lo hemos sufrido a lo largo de la historia. Desde la leyenda negra inventada por los británicos que buena parte de nuestra sociedad todavía se sigue creyendo a pie juntillas hasta la campaña de manipulación de masas de los periódicos de József Pulitzer para justificar una guerra entre Estados Unidos y España en 1898. Curioso que a día de hoy los premios periodísticos más conocidos y prestigiosos lleven el nombre de tan insigne manipulador.
Pero las campañas de manipulación no se diseñan siempre con grandes objetivos y después de sesudos análisis y estudios. En nuestros días también se diseñan sobre la marcha con el objetivo de teledirigir o redireccionar el debate público en función de los intereses del momento. Grandes expertos de ello hay en todos los partidos políticos españoles, aunque la izquierda patria siempre ha sabido hacer mucho mejor estas cosas.
Un ejemplo claro es lo está sucediendo los últimos días. Mientras el Gobierno Sánchez-Iglesias conseguía este jueves por la mañana en el Congreso de los Diputados aprobar el primero de los trámites parlamentarios para dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado, la actualidad que los medios de comunicación afines al Consejo de Ministros venden a los españoles es un supuesto ruido de sables protagonizado por militares ultraderechistas.
Tras semanas de erosión política se ha acallado en el momento propicio el eco de la indignidad de pactar las cuentas públicas con EH Bildu, la coalición de partidos que acoge a los herederos de Batasuna-ETA, que protesta cuando las Fuerzas de Seguridad detienen a etarras, que censura la extradición de terroristas desde otros países, y cuyos líderes avisan de que en las calles vascas y navarras se va a seguir homenajeando a asesinos tras su salida de prisión.
Se acallan las protestas porque los independentistas de ERC, los mismos que protagonizaron junto a Puigdemont un golpe de estado en Cataluña, tengan ahora la capacidad de imponer subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid –o eso esperan ellos y la tropa gubernamental– porque la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso les parece insolidaria. Eso sí, nada de hablar de los cálculos más que cuestionables del cupo vasco, una auténtica deslealtad institucional convertida en tema tabú, no vaya a ser que se moleste el PRI vasco.
Pero lo importante para los medios afines al Gobierno ahora mismo, de repente, es que un grupete de militares octogenarios han escrito burradas de barra de bar en un grupo de WhatsApp y que estamos, casi, casi, ante un pronunciamiento militar que pone en peligro la democracia española y que se hace necesaria la aparición en público de Felipe VI para que explique de una vez en qué bando de la guerra estará.
Todo ello bien mezcladito con una carta enviada al Rey por otro grupete de militares jubilados que decidieron escribir a su majestad para trasmitirle su preocupación por la crisis institucional que vive el país. Una carta que debe estar en La Zarzuela en una pila polvorienta junto a los dibujos de centenares de niños, las cartas de miles de españoles haciendo peticiones al Monarca y el último catálogo de Venca.
Disparate puro y duro alentado desde la mismísima TVE, ese canal público que pagan todos los españoles y que tristemente nunca ha dejado de estar manipulado por el poder, ya emane del Palacio de El Pardo o del de La Moncloa. La televisión de todos metiendo miedo con el levantamiento del club del jubilado militar, con sus andadores, su sintrom y sus mascarillas de oxígeno. Da igual que toda semejanza entre la realidad y sus noticias sea pura coincidencia.
Determinada izquierda, o extrema izquierda, ha montado una campaña de manipulación para seguir azuzando con el fantasma de la extrema derecha y generar un miedo no justificado en la sociedad, para tapar sus vergüenzas y sacar rédito electoral y mediático. Todo ello manchando la imagen de unas Fuerzas Armadas que viven mentalmente en la democracia desde hace décadas. No como otros, que parece que todavía no han asumido la caída del Muro de Berlín y la desaparición del Pacto de Varsovia.
Para más inri, todo esto ha supuesto una bofetada por sorpresa para Margarita Robles, la única ministra que parece tener sentido de Estado en el actual Gobierno y que hace meses que se convirtió en una pieza de caza para el sector podemita de la coalición gubernamental. El hecho de que la polémica tenga como epicentro a un grupo de jubilados que fueron militares en el pasado le obliga a dar pasos de cara a la galería para que parezca que hace algo.
Este jueves por la mañana, visiblemente enfadada, anunciaba el envío de un escrito ante la Fiscalía para ver si el contenido de ese chat es delictivo. Papel mojado que no sirve de nada como se demostró tras llegar a los tribunales el polémico chat de WhatsApp de un grupo de policías municipales de Madrid en el que las sandeces y majaderías también ocasionaron un escándalo mediático precocinado.
Un enfado comprensible porque Robles, una ministra metódica a la que le gusta tener todo controlado, se ve en parte erosionada, en parte sobreexpuesta a los medios de comunicación, y salpicada por una polémica en la que tiene las manos atadas, debido a que puede actuar contra los militares –ya lo ha demostrado con las purgas fallidas del vicealmirante Gómez Fernández de Córdoba o el capitán Fernández Galindo– pero no contra un grupo de amiguetes jubilados.