La rutina, como cada año por estas fechas, ha vuelto a repetirse. Así, los arbitristas orgánicos de guardia, tanto los adscritos a las derechas como sus pares en la izquierda, de nuevo han desempolvado la cantinela tan manida de siempre, a saber: que procede una reforma constitucional, y de hondo calado, a fin de resolver con un poco de tinta china y un trozo de papel el problema secular de la invertebración nacional hispana. Desde hace algo más de dos siglos, el genuino deporte nacional no es, como se cree, el fútbol, sino esa costumbre consuetudinaria de proponer reformas y más reformas de la norma constitucional de turno. Un afán particularmente ocioso en el caso de la ahora vigente. Obsesión inane, sí, pues nadie se plantea qué sentido tiene insistir con los proyectos de reforma en tal o cual dirección de la Carta Magna sí, se altere en la dirección que se altere, nuestro ordenamiento jurídico carece de mecanismos en verdad eficaces a fin de obligar al poder político a cumplir su letra y espíritu.
Desengañémonos, la Constitución no se puede reformar en su apartado más problemático, o sea el Título VIII, porque el mecanismo que ella misma prevé para abordar esa empresa, el que se regula el artículo 167, exige consensos amplísimos, hoy inimaginables, para poder tocar una sola coma del régimen autonómico. Seguir fantaseando con eso, tal como hace Vox, no es más que perder el tiempo. Olvidémonos de tocar la Constitución, pues, y centrémonos en el empeño, mucho menos vistoso pero infinitamente más eficaz, de promover fórmulas jurídicas para garantizar el sometimiento de los poderes públicos a lo que en ella se prescribe. No puede ser, por ejemplo, que el idioma español se pudiera prohibir en las aulas de Cataluña en su día, hace lustros, solo porque un Ejecutivo del Partido Popular presidido por José María Aznar no quiso presentar un recurso de inconstitucionalidad contra aquel atentado cometido por Jordi Pujol. Eso no puede ser. A fin de cuentas, el problema no es la Constitución, sino los órganos encargados de hacerla cumplir.
Con lo muy sencillo que sería habilitar a los jueces ordinarios para que, tal como ocurre en Estados Unidos, dejasen sin efecto la aplicación de toda norma, autonómica o estatal, que presumieran contraria a la Constitución. ¿Alguien comprará la idea?