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Juan Morote

744 mentiras

Si el Gobierno hubiera cumplido con su trabajo a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a De Juana aún le quedarían 744 días de prisión que cumplir; y las víctimas y sus familiares tendrían dos años de tranquilidad.

Juan Morote
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A partir del dos de agosto De Juana Chaos volverá a perpetrar otro atentado, esta vez contra las familias de sus víctimas. El ataque consistirá en la afrenta que implica su mera presencia, su mirada desafiante carente del menor atisbo de arrepentimiento entre aquellos a quienes destrozó sus vidas. Su puesta en libertad supone una nueva humillación a las víctimas y también, aunque en menor medida, a cuantos las apoyamos.

Sale De Juana vergonzantemente a la calle en el inicio de un mes de agosto, como cuando Franco cesaba a algún ministro o aprobaba alguna medida que podía ser contestada. Del mismo modo, como si hubiese estado calculado, sale a la calle este asesino repugnante. Una de las causas de su puesta en libertad hay que buscarla en aquella frase del Fiscal General del Estado cuando apuntó que los encargados de hacer cumplir la ley y defender a las víctimas de sus agresores sabrían mancharse las togas con el polvo del camino. Eran los tiempos de la rendición del Estado ante la ETA. Aunque hubiera sido más exacto señalar que se mancharían las togas de sangre con el plomo del camino.

Dice ahora la vicepresidenta del Gobierno de España que se va cumplir la ley. ¡Pero qué desfachatez!, ¿qué significa "cumplir la ley"? Que se cumpla la ley debería significar que se genere el clima adecuado para que en el País Vasco las gentes de bien puedan actuar con libertad. Este etarra abandona la cárcel gracias a los 744 días de redención de pena que le concedieron por haber estudiado en la Universidad del País Vasco. Permítome recordarle a la vicepresidenta que hace mucho tiempo que en la Universidad del País Vasco desapareció la libertad. Cada una de las calificaciones que figuran en el expediente universitario de José Ignacio De Juana es mentira: unas han sido puestas gustosamente por encubridores de un asesino como él, otras simplemente por miedo, y las demás son meras falsificaciones.

Los encubridores son muchos, han sido tolerados y alentados con prebendas y subvenciones por el Gobierno vasco. Es conocida la opacidad del sistema español de acceso a las plazas de las universidades públicas, clientelismo en estado puro. El miedo, que mueve la actuación de muchos profesores universitarios vascos, no es mera cobardía, al menos no en todos los casos; el miedo es producido por la connivencia de las autoridades académicas y civiles, que han permitido que la Universidad del País Vasco sea un reducto de impunidad del crimen etarra en sus más diversas manifestaciones, tales como el boicot sistemático de las clases, la extorsión, la amenaza, la destrucción de vehículos, la agresión o el intento de asesinato.

En lo que atañe a las falsificaciones, es evidente que la vicepresidenta no les da ninguna importancia, pues también ella en las pasadas elecciones generales falsificó su empadronamiento en Beneixida, un pueblecito de Valencia del que ni siquiera sabía dónde estaba. "Como todo el mundo lo hace", debió pensar la "vice", será normal que lo haga De Juana.

De todo esto se deduce que 744 mentiras, cuanto menos consentidas, dan como resultado que este asesino execrable ande suelto. Si el Gobierno hubiera cumplido con su trabajo a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a De Juana aún le quedarían 744 días de prisión que cumplir; y las víctimas y sus familiares tendrían dos años de tranquilidad, puesto que la paz se la arrebató para siempre este impostor universitario.

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