Esta semana han pasado relativamente inadvertidas las consecuencias que cabe deducir de una noticia estremecedora. La retirada de cargos a Otegui por orden de Zapatero ha sido respondida por Batasuna con nuevos desplantes a ese Gobierno que saben que está rendido. Ha dicho Batasuna que piensa concurrir a las elecciones; ha recalcado Otegui que no tiene intención de condenar la violencia; ha amenazado Pernando Barrena con hacer públicos los acuerdos firmados con el PSOE antes del anuncio del alto el fuego de ETA. Y ésta es la noticia a la que quiero referirme.
Que existían esos acuerdos era algo ya sabido. De hecho, resulta más que dudoso que esos acuerdos sólo estén vigentes desde antes del anuncio del alto el fuego: lo más probable es que los acuerdos existan con anterioridad al propio 11-M. La noticia consiste, en realidad, en la confirmación del contenido de los acuerdos, más que en su propia existencia.
Según ha revelado Gara, el Gobierno de Zapatero se habría comprometido, a cambio del anuncio de alto el fuego y de otra serie de condiciones (como el cese de las extorsiones y de la adquisición de nuevas armas), a respetar el derecho a decidir de los vascos; a crear algún tipo de órgano de coordinación entre Euskadi y Navarra, como preludio de una futura integración; y a cesar en el acoso policial y judicial a ETA.
Resulta estremecedor que existan esos acuerdos firmados. Pero lo más terrible es lo que cabe deducir del contenido que ahora conocemos. Porque lo que esos acuerdos significarían es, ni más ni menos, que Zapatero se habría comprometido con ETA a acabar con la separación de poderes y con la propia Constitución.
Que el Gobierno se comprometa a cesar en el "acoso policial" a ETA es algo que cae, muy probablemente, en el campo de lo delictivo, pero se encuentra dentro del ámbito de decisión del Ministerio de Interior y, por tanto, del Gobierno. Sin embargo, ¿cómo puede firmar el presidente de Gobierno, en sus acuerdos con ETA, que va a cesar el "acoso judicial"?
En España, el poder judicial es un poder independiente. No existe forma legal, por tanto, de que Zapatero se comprometa en nombre de los jueces a que cese ese "acoso judicial". Si Zapatero o sus enviados han firmado esos acuerdos, eso querría decir, ni más ni menos, que está firmando un cheque sin fondos, prometiendo a unos asesinos algo que sabe que no puede cumplir. O, por el contrario, que está dispuesto a violentar las leyes, a acabar con la separación de poderes, para conseguir por medios extralegales que los jueces renuncien a perseguir a los miembros de la banda. ¿Qué medios extralegales serían esos? ¿Qué presiones va a ejercer, o está ejerciendo, Zapatero sobre unos jueces que, al menos en teoría, no están sometidos a su voluntad? ¿Cómo puede Zapatero firmar en nombre de unos jueces que forman un poder independiente?
Otro tanto cabe decir del compromiso a respetar "el derecho a decidir de los vascos". La Constitución española atribuye la soberanía al pueblo español en su conjunto. No cabe en esa Constitución, por tanto, ningún "ámbito vasco (o vasco-navarro) de decisión". En consecuencia, Zapatero habría firmado unos acuerdos expropiando esa soberanía popular y atribuyendo al Gobierno unas facultades de las que carece. Zapatero habría firmado, en nombre del pueblo español y sin autorización de éste, una renuncia de soberanía que posibilitaría ese "derecho de autodeterminación" que la banda exige. ¿Y cómo piensa Zapatero que puede hacer honor a ese compromiso, salvo violentando interpretativamente la Constitución y recurriendo, de nuevo, a la presión extralegal sobre los magistrados que componen el tribunal encargado de garantizar el respeto de nuestra norma suprema?
Zapatero habría firmado, por tanto, en nombre de otros. Lo que quiere decir que está dispuesto a retirar a esos otros las potestades que les corresponden y a asumir un poder que la Constitución no le concede. Zapatero habría decidido, en el momento de estampar sus enviados esa firma en el documento ignominioso, que cualquier medio es admisible para garantizar el pago. Zapatero habría decidido, al firmar ese pacto de sangre, que el Gobierno tiene que acabar con los mecanismos de control democrático y con la propia soberanía del pueblo español.
El golpe de estado permanente puesto en marcha con el 11-M llega así a su culminación.