Llegados al punto descrito en el hilo anterior, comenzaban ya a perfilarse los principales problemas de naturaleza jurídica y política que subyacían al debate sobre el matrimonio homosexual, aunque no todavía con la suficiente claridad.

Si prescindimos de los argumentos de carácter más emotivo, podríamos resumir las dos posiciones con el siguiente diálogo ficticio:

- Es que no veo por qué tienen que negarme a mí el derecho a casarme, simplemente por ser homosexual. La Proposición 22 viola mis derechos, así que debería ser declarada inconstitucional.

- La Proposición 22 no viola ningún derecho, porque ese supuesto derecho tuyo a casarte no existe. El derecho a casarse sólo lo tienen las parejas heterosexuales. El matrimonio es y siempre ha sido, por definición, la unión entre un hombre y una mujer. Además, el referéndum ha demostrado claramente que eso es lo que los californianos piensan. Resulta escandaloso que se esté recurriendo a la vía jurídica y a la vía política para hacer caso omiso de la opinión de los ciudadanos.

- Pero es que la cuestión de los derechos está por encima de lo que los electores piensen. Todo ciudadano americano tiene derecho a no ser esclavizado, por ejemplo, aunque los electores puedan pensar o decir lo contrario. Por tanto, el hecho de que los californianos voten que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer es irrelevante. Si una votación cercena un derecho constitucional, entonces esa votación es nula.

- La Constitución californiana no dice en ningún sitio que los homosexuales puedan contraer matrimonio, así que el matrimonio homosexual no es un derecho constitucional.

- Perdona, pero la Constitución californiana sí que dice expresamente que no pueden existir discriminaciones en función de la orientación sexual. Y cuando a mí me niegan un derecho por ser homosexual, me están discriminando, porque me están tratando de forma diferente a como se trata a las personas heterosexuales.

- Te estarían discriminando, efectivamente, si te estuvieran negando un derecho, pero te repito que ese derecho de los homosexuales a casarse no existe en nuestras leyes. Y los ciudadanos han ratificado que ese supuesto derecho no existe. Y como no existe, nadie te lo está negando. El hecho de que tú afirmes tener un derecho no implica necesariamente que lo tengas.

Invito al lector a que se olvide de sus propios prejuicios y analice desapasionadamente los argumentos que se comenzaban a barajar. A cada persona le podrán parecer más o menos correctos - o más o menos coherentes, o completos - los argumentos utilizados por uno u otro bando, pero de lo que no cabe duda es de que esos argumentos eran, cuando menos, "razonables". Ambos bandos sostenían posturas que trataban de apoyarse en argumentos jurídicos y lógicos, aunque luego la pelea fuera a cara de perro.

Pero lo más importante es que aquel debate comenzaba a poner sobre la mesa cuestiones de profundo calado sobre los propios conceptos de democracia, de derechos y de estructura constitucional. Como en el diálogo se apunta, el problema se reducía a dos cuestiones fundamentales: cómo definir qué es un matrimonio y cómo decidir quién goza de un derecho. ¿Es el matrimonio una "relación entre un hombre y una mujer" o es una "relación entre dos personas"? ¿Cabe considerar el matrimonio como un "derecho" de los homosexuales, que por tanto no podría negarse? ¿O ese "derecho" sólo lo tienen los heterosexuales? Y sobre todo: ¿a quién le corresponde decidir cuál es la definición de matrimonio o los derechos que tiene cada ciudadano?

En cuanto a la correlación de fuerzas, cada vez iba quedando más claro que el lobby religioso contaba con una mayoría entre los electores, mientras que el lobby homosexual tenía mucha más influencia que sus oponentes sobre la clase política, como los acontecimientos posteriores se encargarían de demostrar.

1. Haciendo caso omiso de la Proposición 22 aprobada por los electores, el Congreso californiano elaboró en septiembre de 2005 una ley autorizando el matrimonio homosexual, pero el gobernador Arnold Schwarzenegger vetó la aprobación de la Ley, argumentando que eso era saltarse el resultado del referéndum. Dos años después, volvía a repetirse la jugada: el Congreso aprobaba una segunda ley autorizando el matrimonio homosexual y el gobernador volvía a vetarla.
2. Mientras tanto, las distintas demandas judiciales presentadas por el lobby religioso y por el lobby homosexual terminaron llegando al Tribunal Supremo californiano. Todos los casos pendientes, que eran muchos, se consolidaron en un único caso, que recibió el nombre de "In re Marriage" y el Supremo comenzó sus deliberaciones, en un ambiente de fuerte división.
3. El 15 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo emitía por fin su veredicto, decidiendo, por 4 votos a 3, que la Proposición 22 era inconstitucional y que las parejas del mismo sexo sí podían casarse. El fallo entró en vigor el 16 de junio de 2008, empezando poco después a concederse licencias de matrimonio a parejas homosexuales. El argumento jurídico era, básicamente, que el matrimonio es un derecho fundamental y que la constitución californiana prohíbe la discriminación en función de la orientación sexual, con lo que no podía denegarse una licencia de matrimonio a una pareja simplemente porque ambos contrayentes fueran del mismo sexo. La decisión del Supremo californiano constituía una victoria en toda regla del lobby homosexual.
4. El lobby religioso no se dio por vencido. Puesto que la clase política y los tribunales ninguneaban el resultado del referéndum, aduciendo la existencia de un supuesto derecho constitucional al matrimonio homosexual (derecho que el lobby religioso consideraba inexistente), la única posibilidad era llevar la prohibición de los matrimonios homosexuales a la propia Constitución. Meses antes del fallo del Supremo, y ante las previsiones de que el Alto Tribunal californiano se inclinara por declarar inconstitucional la Proposición 22, ya había comenzado una campaña de recogida de firmas para realizar una reforma constitucional e insertar en la propia Constitución californiana la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
5. La movilización de ambos bandos ante esa nueva escaramuza fue impresionante. El lobby religioso recogió más de 1.100.000 firmas (casi el doble de las requeridas) y presentó una propuesta de reforma constitucional, que recibió el nombre de Proposición 8. La propuesta consistía en añadir al Artículo 1 de la Constitución una nueva sección, la 7.5, con el texto siguiente: "Sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene validez o reconocimiento en California".
6. El lobby homosexual intentó que los tribunales impidieran que se sometiera a votación la propuesta de reforma, aduciendo que vulneraba derechos fundamentales, pero el Tribunal Supremo Californiano desestimó la petición.
7. La campaña para el nuevo referéndum superó con creces el record de gasto de las votaciones sobre iniciativas ciudadanas celebradas hasta la fecha. El lobby religioso recaudó 39,9 millones de dólares para la campaña, mientras que el lobby homosexual recaudó 43,3 millones.
8. En la prensa, el lobby homosexual ganaba por goleada. Los diez mayores periódicos del estado de California publicaron sendos editoriales oponiéndose a la Proposición 8. En cuanto a las encuestas en las semanas previas a la votación, mostraban resultados contradictorios, aunque parecía claro que la propuesta sería aprobada o rechazada, en cualquier caso, por un estrecho margen, así que eran los indecisos los que tenían en su mano la llave.
9. En esa situación de empate virtual, unas desafortunadas palabras del alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, terminaron por inclinar la balanza. En un mitin celebrado contra la Proposición 8, Newson lanzó un auténtico desafío a los que se oponían al matrimonio homosexual: "La puerta ya se ha abierto, así que el matrimonio homosexual será una realidad, os guste o no". Aquella frase resumía, perfectamente, el mensaje que el lobby religioso venía sosteniendo en su campaña: que el lobby homosexual estaba utilizando todas las vías posibles para imponer el matrimonio homosexual a los californianos, independientemente de lo que éstos opinaran. Por supuesto, el lobby religioso se encargó de airear convenientemente esas palabras de Newsom en los anuncios de televisión.
10. El 5 de noviembre de 2008, los electores aprobaban la Proposición 8 de reforma constitucional, con 7 millones de votos a favor (52%) y 6.400.000 en contra (48%). El "sí" ganó al "no" en 42 de los 58 condados del estado. De esa forma, el matrimonio pasaba a definirse en la Constitución californiana como la unión entre un hombre y una mujer y dejaron de concederse licencias matrimoniales a parejas homosexuales. En total, entre junio y noviembre de ese año se concedieron algo más de 4.000 licencias matrimoniales a parejas homosexuales. Por cuestiones evidentes, esas licencias matrimoniales emitidas entre junio y noviembre no perdieron su validez, pero ya dejaron de poder celebrarse nuevos matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Con eso, parecía que la cuestión estaba resuelta: los electores habían respondido a las dos preguntas que planteábamos anteriormente ("¿cuál es la definición de matrimonio?" y "¿tienen las parejas homosexuales el derecho de casarse?"), expresando su voluntad de que el matrimonio homosexual no fuera considerado un derecho constitucional y de que el matrimonio se definiera, constitucionalmente, como la unión entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, la batalla tampoco terminó aquí, como veremos.