La asociación ‘Proteger España’ ha presentado la primera querella contra el PSOE por delitos de financiación ilegal y organización ilegal en el marco del caso Koldo. Dicha querella también va dirigida contra Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia y este grupo empresarial.
Según ha podido saber Libertad Digital, dicha querella ha sido remitida a la Audiencia Nacional para ser remitida al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 Ismael Moreno que investiga las compras de material sanitario durante la pandemia del covid-19 en el 2020 por parte del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, el Gobierno balear que presidía Francina Armengol, y el Ejecutivo canario que lideraba Ángel Víctor Torres.
La citada denuncia ha sido presentada por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, defraudación fiscal y financiación ilegal de los partidos. Todo ello, con motivo de "la adjudicación presuntamente irregular del suministro de cerca de 20 millones de mascarillas FFP2 durante la pandemia de Covid-19".
"Esta acción se dirige, solamente y por el momento, contra una de las ramas de la supuesta trama, pero que seguimos investigando la adjudicación de otros elementos de protección y a otras empresas y personas favorecidas por la utilización, aparentemente convencional, del trámite de urgencia empleado para la asignación digital de los contratos", añade.
La querella va dirigida también contra las sociedades Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, Deluxe Fortune S.L., MTM 180 Capital S.L., Star Tic Innovación S.A., Gama Global Trading S.L., Erromar Soluciones Digitales S.L., Anglia Global S.A., Globalia Broker Services S.A. y Sistemas Integrales de Reparación y Mantenimiento S.L.
Entre los querellados se encuentran los principales señalados de la trama como Koldo García, Joseba García, Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama, Javier Hidalgo, Iñigo Rotaeche Lachiondo; el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez; la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera y otras 8 personas.
La asociación ‘Proteger España’ que preside el abogado José Ignacio Sánchez Rubio fue creada en enero de este año con el objetivo de "ejercer la presión suficiente en los poderes públicos, como para evitar que los derechos de los españoles sean pisoteados, por quienes han sido elegidos por los propios españoles para ejercer las funciones de dirección del poder legislativo, único poder elegible por los electores".
La comisión de investigación del caso Koldo
Mientras tanto, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos ponía en duda este lunes que exista una supuesta "trama" de compra de material sanitario. "Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama". En este sentido, el diputado, ahora en el Grupo Mixto, afirmaba que no supervisó ninguna compra de mascarillas durante la pandemia, y que "despachó todo este asunto" con el subsecretario, Jesús Manuel Gómez García, porque era la persona que "más confianza le merecía" dado que venía de la intervención de Hacienda. De esta forma, Ábalos, pese a asegurar que su única intención era buscar de forma "desesperada" material sanitario, hacía recaer toda responsabilidad en el que todavía ocupa el puesto como Subsecretario de Estado desde 2018.
Ábalos defendía además su inocencia a la salida de la comisión "estoy muy tranquilo porque sobre todo no me he llevado nada" y ha asegurado que no tenía conocimiento del incremento patrimonial de su exasesor Koldo García, el cual, ha recalcado, no tenía ninguna autoridad. "Creo que ni siquiera se le puede considerar servidor público". Una de las frases más repetidas por el exsecretario de organización del PSOE ha sido "no sabía nada", incluso ha llegado a decir que "el otro día" se enteró de la visita de Koldo García al exministro de Sanidad Salvador Illa tras su comisión en el Senado. "No tenía ni idea de que fue a verle ni de que le ofreció nada".