Publica hoy Antonio Rubio en El Mundo una información que, de ser cierta, resulta muy ilustrativa sobre la manera en que funciona en España la Ley del Silencio. Cuenta el periódico que Rodolfo Ruiz, el que fuera jefe de la comisaría de Puente de Vallecas en el 11-M, posteriormente ascendido a jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, cobra un sueldo de 2000 euros mensuales del CNI a través de una empresa interpuesta.
Recordemos que son dos las cuestiones por las que ha sido puesta en entredicho la labor profesional del comisario Rodolfo Ruiz, actualmente jubilado. Por un lado, su reprobable actuación en el llamado "caso Bono", cuando se detuvo ilegalmente a dos militantes del PP por una inexistente agresión al entonces ministro de Defensa, en aquella manifestación de enero de 2005 que dio comienzo a la Rebelión Cívica de la pasada legislatura. Con aquel auto de fe, con aquel escarmiento público en la persona de dos militantes del partido de la oposición, se pretendió yugular en su comienzo aquella rebelión social contra ETA, intentando presentar a los convocantes de esa manifestación como peligrosos ultraderechistas, capaces de agredir a un ministro.
Las investigaciones judiciales a raíz de la denuncia interpuesta por el PP madrileño revelaron que no sólo no había habido ninguna agresión física a ese mentiroso compulsivo llamado José Bono, sino que las diligencias policiales habían sido manipuladas para justificar la irregular detención de aquellos dos militantes del Partido Popular. En vista de que los funcionarios policiales que actuaban como instructor y secretario de las diligencias se negaban a avalar esa detención irregular, fueron sustituidos por orden de sus superiores, y las declaraciones de los escoltas del ministro fueron rehechas, para disponer de un soporte documental con el que empezar a volcar basura sobre el PP y sobre los convocantes de la manifestación.
Debido a aquel episodio, Rodolfo Ruiz, que entonces era jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, fue condenado por la Audiencia Provincial, aunque posteriormente el Tribunal Supremo le absolvería, en una sorprendente sentencia que, a pesar de reconocer que las diligencias policiales habían sido manipuladas, declaraba que no había en esa manipulación ningún delito.
Por otro lado, la actuación de Rodolfo Ruiz también ha sido cuestionada debido al hecho de que es la persona que dirigía aquella comisaría en la que apareció, dieciocho horas después del atentado del 11-M, la famosa mochila de Vallecas, esa prueba que hoy sabemos que es falsa, pero que sirvió para dirigir rápidamente las investigaciones hacia la supuesta trama islamista con la que se ha encubierto a los verdaderos autores de la masacre. Nadie ha podido probar (ni nadie ha sostenido nunca) que Rodolfo Ruiz tenga algo que ver con la aparición de esa famosa mochila, pero él dirigía aquella comisaría en la que la mochila apareció, en circunstancias aún no aclaradas.
Lo que sí se ha podido probar, y la documentación correspondiente consta en el sumario del 11-M, es que Rodolfo Ruiz tuvo alguna otra intervención ciertamente peregrina durante la fase inicial de las investigaciones sobre el atentado de Madrid. En concreto, sabemos hoy que la documentación contable sobre la tienda de telefonía de Jamal Zougham (documentación que es de suponer que tendría interés para las investigaciones oficiales) fue llevada a esa comisaría de Puente de Vallecas que Rodolfo Ruiz dirigía, en lugar de ser entregada a la Brigada Provincial de Información de Madrid o a la Unidad Central de Inteligencia Exterior, que eran las dos unidades policiales que lideraban la investigación del 11-M.
Nadie ha explicado nunca por qué se llevó aquella documentación a Puente de Vallecas, ni cuál era el contenido exacto de aquel conjunto de documentos, ni en qué sentido avalaban o desmentían esos documentos los distintos aspectos de la versión oficial del atentado (por ejemplo, el asunto de la venta de las tarjetas telefónicas con las que supuestamente se montaron las bombas), ni con qué fecha fueron remitidos esos documentos desde la comisaría de Puente de Vallecas a las unidades encargadas de investigar la masacre.
Como digo, nadie ha probado nunca (y nadie sostiene, que yo sepa) que Rodolfo Ruiz sea responsable de ninguna manipulación en relación con las investigaciones del 11-M. Pero está claro que Rodolfo Ruiz ocupaba un puesto en el que forzosamente tuvo que tener conocimiento de datos que serían importantes para identificar quién y cómo puso en marcha esa campaña de manipulaciones que ha terminado conduciendo a que sigamos sin saber quiénes fueron los autores del 11-M.
Dicho en otras palabras: que Rodolfo Ruiz tendría muchas cosas que contar. Y al ver la noticia que hoy publica El Mundo, uno no puede sustraerse a la sospecha de que quizá sea ésa la razón por la que nuestro servicio de inteligencia le paga (si es que son ciertos los datos publicados) un sueldo mensual encubierto a ese ex-comisario.
Aunque hay que reconocer que la cuantía de ese sueldo resulta muy decepcionante. ¿Dos mil euros al mes, supuestamente, por el silencio de quien ocupaba un puesto clave durante aquellas horas cruciales en las que se puso en marcha la mayor manipulación de nuestra historia democrática? Pues me parece una auténtica miseria, la verdad.