Publica hoy Angela Martialay en Libertad Digital que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) ha solicitado a la juez Coro Cillán una nueva tanda de diligencias, dentro de la causa que se sigue contra Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio por los presuntos delitos de manipulación de pruebas en el 11-M y falso testimonio.
Las diligencias solicitadas amplían las líneas de investigación que hasta ahora se seguían, entrando por primera vez en algunos aspectos de la instrucción del 11-M que, a pesar de su importancia, no habían sido analizados judicialmente.
Es el caso, por ejemplo, de la solicitud para que la Policía y las operadoras telefónicas entreguen la documentación relativa al móvil de la mochila de Vallecas. Aunque parezca mentira, el juez Del Olmo solicitó a las operadoras que enviaran, entre otras cosas, los listados de llamadas, los datos de comercialización y los datos de posicionamiento relativos a la tarjeta y al terminal telefónico encontrados en la mochila de Vallecas, pero en el sumario no constan las respuestas correspondientes. De manera que la UOGC pide que la Brigada Provincial de Información entregue las respuestas que recibiera en su día de las operadoras y que éstas manden también, por su parte, la documentación que entregaran a la BPI.
Solicita también la UOGC que declare el que fuera jefe de inspecciones oculares de la Policía Científica. Esa declaración fue rechazada en su día, incomprensiblemente, por el tribunal presidido por Gómez Bermúdez, a pesar de que la Policía Científica estuvo presente en muchos de los escenarios de la masacre a lo largo de los días siguientes al 11-M y que se supone que tuvo la oportunidad de recopilar testimonios gráficos e incluso de recoger muestras.
Asimismo, se pide que declare Carmen Baladía, la persona que dirigió las autopsias de las víctimas del 11-M, que podría aportar datos en dos sentidos diferentes: la recogida de muestras por parte de la Policía Científica en IFEMA durante el proceso de realización de las autopsias el propio 11-M y la ausencia de metralla en los cuerpos de las víctimas de la masacre, que constituye la prueba más directa de la falsedad de la mochila de Vallecas.
Por último, también pide la UOGC que se remita copia de un oficio en el que el Subdirector General Operativo, Miguel Angel Fernández Chico, volcaba sobre Sánchez Manzano la responsabilidad de custodiar esas muestras del 11-M que desaparecieron. Ese oficio representa un importante torpedo en la línea de flotación de la defensa de Sánchez Manzano, puesto que es evidente que las muestras del 11-M han desaparecido y quedaría claro que era el ex-jefe de los Tedax el que hubiera debido evitar que eso sucediera.
En resumen, las solicitudes de diligencias presentadas a la juez dan un impulso a la instrucción de una causa que está permitiendo profundizar en todos aquellos aspectos de la fraudulenta instrucción del 11-M en los que la Audiencia Nacional no ha querido hasta el momento entrar.