La confusión reina sobre las interpretaciones de la crisis a juzgar por las medidas tomadas por los gobiernos del mundo. Los políticos, ayunos de argumentos que ofrecer a la opinión pública, se han dejado cautivar –y nuca mejor dicho– por ese nuevo keynesianismo surgido "del armario" con una vitalidad inconcebible. Los políticos han lanzado un mensaje que bien leído dice:
Nosotros no sabemos qué hacer, pero miren, de momento vamos a gastar ahora las recaudaciones impositivas de los próximos diez o quince años –más un porcentaje adicional del 20% o 40%– para estimular la demanda, y luego ya veremos; si ganamos las elecciones, pues explicaremos que hay que estrecharse el cinturón porque tenemos una deuda inmensa que pagar por culpa de la crisis; si perdemos las elecciones, que los que vengan lo arreglen y se desgasten haciéndolo, así podremos ganar las elecciones siguientes.
Esto es una lógica del poder perversa, pero ha funcionado durante décadas en las democracias occidentales, con los partidos socialistas cumpliendo el papel de gastadores y los de derechas el papel de austeros (tampoco mucho, porque esa lógica imperante ha propiciado que la deuda pública se haya ido acumulando aquí y allá).
Ahora, sin justificación alguna –como explican Robert Barro, o el Cato Institute– se ha extendido la creencia de que el gasto público tiene un multiplicador de 1,5, esto es, que cada euro gastado genera –¿por qué?– 1,5 euros de PIB. Los panes y los peces, vaya.
Todo esto se debe a que los políticos no quieren saber nada de las causas de la crisis, que no ha sido causada por un exceso de oferta y ahorro, como propugnaba Keynes, sino por una crisis bancaria sistémica. Expliquemos esto: ha sido una crisis en la que la quiebra de unos bancos ha arrastrado a todos los demás. Eso, a su vez, ha secado desde entonces la liquidez. No ha habido ningún exceso de ahorro, todo lo contrario: ahora se está recomponiendo el ahorro en los sectores privados, pues están muy endeudados (sobre todo las familias).
Así que sí, los que se han equivocado comprando pisos o invirtiendo mucho están pagando por su error; pero el problema es que, al margen de eso, también están sufriendo por la crisis bancaria, pues no pueden refinanciarse (ni siquiera el capital circulante) pese a que los tipos de interés han bajado.
Me parece que centrar bien el problema es lo que hace Roubini cuando propone un esquema de protección, no contra las crisis bancarias, sino contra el efecto contagio que estas provocan. Es un proyecto de investigación de la Universidad de Nueva York avalado por muchos profesionales que merece la pena porque parte simplemente de la raíz del problema, no de teorías más o menos keynesianas que nos pueden llevar a la ruina. La propuesta consiste en hacer pagar a los bancos, preventivamente, un seguro contra los riesgos que su gestión puede provocar a los demás, independientemente de sus resultados buenos o malos. Pues el problema es que bajo los sistemas regulatorios actuales, la mera reacción de los bancos a un aumento de la incertidumbre –que es la lógica reacción de protegerse recapitalizándose– conduce a los demás a la misma reacción y tanto los bancos sanos como enfermos caen como un castillo de naipes. En sus propias palabras:
Se obligaría a cada institución a asegurarse contra el riesgo sistémico, esto es, contra sus propias pérdidas en un escenario en el que todo el sector financiero está obteniendo malos resultados. En caso de que haya que prestar cobertura, los pagos deberían realizarse al regulador encargado de estabilizar el sector financiero y no al banco. De esta manera, el banco tendría incentivos para limitar el riesgo sistémico (para reducir su póliza), proporcionar una estimación de mercado de su riesgo (el coste de aseguramiento) y reducir los costes fiscales y el riesgo moral de un rescate público (ya que la compañía no obtendría cobertura en caso de quiebra). Dado que el sector privado puede no ser capaz de capitalizarse lo suficiente para hacer frente al riesgo sistémico, el Gobierno debería proporcionarlo, como en el caso del seguro por terrorismo.
Es decir, los bancos tendrán un incentivo a no correr ciertos riesgos, pues con ello pagarán menos por el seguro obligatorio y a su vez, en caso de quiebra, ésta no se cubre con el seguro, sino que la cobertura va al regulador, para reducir los costes fiscales y el riesgo moral que surgen en estas crisis. Es un seguro previo, pagado por los bancos, por los efectos externos perversos causados a otros.
No haría falta cambiar la regulación actual, según los autores, que dejaría a cada entidad cargar con las consecuencias de su mala práctica, lo que me parece un principio fundamental que ha de defenderse en estos tiempos de acoso y derribo a los fundamentos de una economía sana.