Éste era el eslogan premonitorio de Spanair que podían leer ustedes en mostradores y hasta en la fachada de la sede: "la de todos". Y es que pocas veces un lema publicitario ha tenido tanta sustancia: efectivamente, hubo un momento en que la compañía era más pública que privada, y, también efectivamente, la culpa de su cierre y de que el dinero público se haya ido por el sumidero es de todos. Porque el asunto de Spanair no puede analizarse sino como parte de un plan que incluía la habitual ensoñación nacionalista y también la corrupción que surge inevitablemente al calor de millones de euros en dinero público.
Es cierto que CiU hereda el plan de vuelo del tripartit, pero también es cierto que en Cataluña, lo que podíamos llamar la "política aérea" de la Generalitat era una lugar común, que se dice ahora. Del aeropuerto de Lérida nos quedamos con la anécdota que se cuenta de que tuvieron que pagarle el billete de AVE a un señor, o que sólo funciona de viernes a domingo, y que la típica niebla leridana –que ríanse ustedes de otras nieblas- lo inhabilita gran parte del invierno. Pero lo grave es que el día de su inauguración ya estaba presupuestada…¡su remodelación! Y que el de Lérida era el primero de una serie de aeropuertos que querían construirse por toda Cataluña; para hacerse la competencia entre ellos, es de suponer. O, a lo mejor, para que determinadas empresas y determinados políticos tuvieran obra pública que licitar y obra pública que inaugurar. Y además, esas pistas debían llenarse de aviones, que sólo estaban dispuestos a aterrizar en los aeropuertos repartidos por Cataluña a base de subvención. E incluso eso era insostenible, hasta el punto de que la Vueling de Piqué dijo basta en un determinado momento, lo que le valió la reprimenda de alguna columnista de La Vanguardia por su falta de compromiso con el proyecto nacional.
Y como les decía, la política de subvenciones y de aeropuertos iba a misa en Cataluña. Nadie se atrevía a cuestionar el modelo, bajo riesgo de exclusión nacional. De hecho, y no es que aproveche para ajustar cuentas, la postura oficial del PP de Cataluña ha sido la de apoyar las subvenciones a las compañías y manifestar su compromiso con obras ruinosas como la de Alguaire. Y lo ha hecho directamente: con declaraciones públicas y apoyando en dos ocasiones los presupuestos de CiU. Pero para que vean cuál era la presión si te movías de la posición oficial –hecho que quizás justifique la conducta de los dirigentes del PP-, cuando el aeropuerto de Lérida empezó a vincularse con otros igualmente ruinosos, el periódico local, Segre –también subvencionado, claro- llegó a defender el chiringuito aéreo del Bono catalán, el alcalde Ángel Ros, porque en dos años “sólo había tenido 8 millones de euros en pérdidas”. Fenomenal, ¿no?
Reacción de los nacionalistas aparte, que da para una trilogía, por lo cómica, el asunto de Spanair y del espacio aéreo nacional de Cataluña, nos devuelve a lo esencial del problema: las comunidades autónomas no son Estados, aunque se lleven comportando treinta años como tales y quieran crear esa apariencia. El Gobierno ya nos ha dicho que controlará a las Comunidades Autónomas en cuánto gastan, pero no en qué lo gastan. La autonomía presupuestaria es sagrada, nos dijo la vicepresidenta. Hasta la próxima, pues.