Fue en mi primera clase de Derecho Penal cuando escuché hablar de Lombroso y su Teoría del delincuente nato, que define un perfil del delincuente potencial en función de rasgos fisonómicos constantes e identificables en la mayoría de criminales. Recuerdo con nitidez el debate suscitado: primero, consenso frente a la idea de que anticipar la predisposición de un individuo a la comisión del delito anulaba cualquier tipo de derecho a la presunción de inocencia (axioma en la disciplina); segundo, la incredulidad que me provocaba, personalmente, la conclusión de que dicha potencialidad delictiva se asociaba, siempre, al sexo masculino.
No he podido evitar recordarlo en un agosto fatídico no sólo por los episodios de violencia vividos, sino por su descarnada instrumentalización gracias a ciertas formaciones políticas. Unas urgen pactos de Estado mientras conservan en sus filas a cargos condenados en firme por maltrato y se niegan rotundamente a la cadena perpetua para delitos vinculados. Otras instan a reacciones inmediatas pero respaldan a féminas que asaltan capillas católicas y evitan pronunciarse respecto de otras confesiones donde las mujeres están profunda y evidentemente discriminadas. Demagogia y oportunismo en su grado máximo.
Condeno siempre cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito. Condeno de forma tajante cualquier asesinato. Lo que me sorprende es que ese mismo rechazo que nos provocan ciertos comportamientos humanos deplorables, deleznables e inimaginables para una sociedad sana, no lo suscite la utilización electoralista de los mismos. Presuponer que en virtud de su sexo una persona es potencialmente criminal, me van a permitir que les diga, resulta absoluta e insoportablemente retrógrado. Y si añadimos que la ley lo ampara, además, ilegítimo. No hay nada más discriminatorio y estigmatizante en España que la vigente Ley de Violencia de Género, que anula la presunción de inocencia del hombre y alberga un efecto perverso, permitiendo situaciones de abuso al no definir adecuadamente el maltrato en su texto. Fruto precipitado de presiones de la ideología de género –esa que determina que ser hombre o mujer no es cuestión biológica sino cultural, en virtud de la cual no se nace hombre o mujer, sino que uno se hace hombre o mujer, sin base empírica que lo respalde–, incurre en una violación del derecho más básico. Si su objeto debiera ser la protección de las víctimas de la violencia en el ámbito familiar –extensión que no contempla, al no ser recíproca ni idéntica para hombres y mujeres y descuidar a los menores–, en la práctica y con el tiempo demuestra una ineficacia manifiesta.
Sobran argumentos. Si los culpables no merecen piedad, tampoco los inocentes ser prejuzgados. Ni toda violencia contra la mujer es violencia de género, ni toda violencia de género afecta exclusivamente a la mujer. Ningún ordenamiento jurídico debería amparar discriminación ni condena por razón de sexo, y es deplorable cualquier adoctrinamiento entorno a ello. No se puede colectivizar la culpa. Hablamos de acciones personalizadas. Cada individuo, como cada individua, es distinto y tiene idénticas posibilidades para elegir libremente cómo actuar y comportarse.
El falso debate del marxismo de género, que enfrenta dos clases en virtud de su sexo, pretende imponer de forma totalitaria y subyacente –incluido el ataque a cualquiera que se atreva a contradecirlo– la idea de que todos los hombres son iguales: maltratadores potenciales. Como si las mujeres no fuésemos capaces de hacer exactamente lo mismo que un hombre, incluido lo negativo (y aquí tenemos un ejemplo claro con el terrorismo).
La defensa de la igualdad no la ostentan en exclusiva, ni siquiera correctamente, los observatorios y los feministas. La única posibilidad de conquistarla supone potenciar la igualdad real de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, que, desde sus diferencias (complementarias), y aprovechando sus sinergias, construyan sociedades más libres y mucho más humanas, llenas de muchos (muchísimos) hombres buenos. Por fortuna, la mayoría.