Existe un progenitor gigante de la crisis que pide atención a gritos y que ha sido pasado por alto: cómo alimentaron el desaste hipotecario la inmigración ilegal, los bancos impasibles ante la delincuencia y las políticas de fronteras abiertas de Bush
La Madre de Todos los Rescates Financieros tiene muchos padres. Los políticos que, presa del pánico, se preparan para asignar más de un billón de dólares del dinero del contribuyente para rescatar a la industria financiera, han buscado todo tipo de culpables del desastre: la regulación, la desregulación, Fannie Mae y Freddie Mac, la Ley de Reinversión Comunitaria, Jimmy Carter, Bill Clinton, los dos Bush, los bancos avariciosos, los prestatarios avariciosos, los vendedores cortos avariciosos y los propietarios pertenecientes a las minorías discriminadas (no se les puede llamar avariciosos, eso sería racista).
Pero existe un progenitor gigante que pide atención a gritos y que ha sido pasado por alto: cómo alimentaron la crisis hipotecaria la inmigración ilegal, los bancos impasibles ante la delincuencia y las políticas de fronteras abiertas de Bush.
No es ninguna coincidencia que la mayoría de las zonas más castigadas por la oleada de ejecuciones hipotecarias (Loudoun County, Virginia, Inland Empire en California, Stockton y San Joaquin Valley, y Las Vegas y Phoenix, por nombrar algunas) también resulten ser algunos de los mayores refugios de la inmigración ilegal en la nación. La mitad de las hipotecas concedidas a los hispanos son de riesgo (la maldita variante de préstamo otorgada a los prestatarios con los historiales crediticios más endebles). La cuarta parte de todos esos préstamos de riesgo están impagados y en proceso de ejecución.
Diversos informes regionales en todos las regiones han deplorado el impacto del desplome de las subprime sobre los inmigrantes ilegales, considerados como "víctimas". Un informe de julio demostraba que en siete de las diez áreas metropolitanas con los índices de ejecución hipotecaria más elevados, los hispanos representan al menos la tercera parte de la población. En dos de esas zonas –Merced y Salinas-Monterey, California– los hispanos abarcan mitad de la población. El Consejo Nacional de La Raza, promotor de la amnistía, y su Fondo de Desarrollo han recibido millones de dólares en fondos federales para "asesorar" a sus integrantes acerca de cómo obtener una casa entregando la entrada más baja posible; el mismo grupo que casi tuvo éxito en obtener una subvención de 10 millones de dólares mediante una de las leyes inmobiliarias aprobadas esta primavera.
Durante los cinco últimos años he informado acerca del chiringuito del préstamo hipotecario a extranjeros ilegales en rápida expansión. Los principales bancos, que claman por el rescate mientras sus beneficios se desploman, con Wachovia y el Bank of America a la cabeza, lanzaban agresivas campañas para seducir a los compradores ilegales. La cuasi-gubernamental Wisconsin Housing and Economic Development Authority se subía al carro para garantizar préstamos hipotecarios a inmigrantes ilegales. El Washington Post observaba casi como una ocurrencia en una información de 2005: "Los hispanos, el grupo racial o étnico de mayor crecimiento en la nación, han sido cortejados agresivamente por agentes inmobiliarios, corredores hipotecarios y programas para compradores de primera residencia que ofrecen ayuda con comisiones. La publicidad proclama: "¡Sin verificación de ingresos! ¡Sin verificación de documentos!".
Pero eso es sólo la punta del iceberg. Gracias a las relajadas políticas aprobadas por la administración Bush que han permitido a los ilegales utilizar las identificaciones expedidas por los consulados y los números de identificación de los contribuyentes para abrir cuentas bancarias, han proliferado más formas de fraude hipotecario. Los agentes de préstamo siguen sin tener acceso a un sistema de verificación para comprobar los números de la seguridad social antes de aprobar los préstamos.
En una entrevista acerca del fraude hipotecario imperante entre los extranjeros ilegales, una portavoz de la U.S. General Accounting Office me decía hace años: "A juzgar por el tamaño de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y otras grandes ciudades de Estados Unidos inundadas de extranjeros ilegales, no creo que el gobierno federal esté dispuesto a desenmascarar este problema por motivos financieros así como por temor a las repercusiones políticas".
Es hora de pagar las consecuencias. Y los ciudadanos responsables respetuosos con la ley serán quienes asumirán los costes de esta factura.
