Mientras las organizaciones subvencionadas que integran la izquierda piafante preparan la huelga más absurda (e ilegal) de los últimos tiempos, los trabajadores más desfavorecidos de la economía española pedirán este miércoles en Madrid, sencillamente, que los políticos no los condenen a la desaparición. Son los agricultores del Levante, víctimas del olvido consciente de los principales partidos (de todos, sin excepción), que demandan algo tan sencillo como que se les permita utilizar una fracción infinitesimal del agua que anualmente se arroja al mar para mantener sus explotaciones y poder seguir alimentando a sus familias. Nada más.
El PSOE derogó el Plan Hidrológico Nacional diseñado en la etapa de Aznar, con el que se solucionaba definitivamente el problema endémico del déficit hídrico en el Sureste y se garantizaba el desarrollo de su extraordinario sector agrícola. Zapatero se lo cargó con un decreto ley que firmó en su primer día en la Moncloa, antes incluso de acostar a las góticas, en justiprecio a los separatistas catalanes (incluido el PSC) por haber posibilitado su investidura. El PP prometió arreglar esta traición socialista no solo a los murcianos, los almerienses y los alicantinos, sino a todos los españoles; pero catorce años después sigue sin darse por enterado. Ciudadanos no se pronuncia porque la posible pérdida de votos en regiones como Cataluña, Aragón o Castilla-La Mancha esteriliza cualquier apoyo a esta cuestión esencial, especialmente en un partido como el de Rivera, gestionado desde sus órganos centrales con mano de hierro. Los podemitas, por su parte, van más allá que los sociatas y desprecian a los agricultores, a los que acusan de estar deteriorando el medioambiente, de acuerdo con su enfermiza y funcionarial interpretación de la realidad.
Unos y otros llegan al extremo de tratar de hacer creer a los ciudadanos que esto de llevar agua al Levante es solo una exigencia de los ricachones de la zona para mantener sus campos de golf. A estos extremos de infamia llegan para lavar su mala conciencia. Y, sin embargo, los que este miércoles se manifiestan en Madrid –como antes lo han hecho en Murcia y Almería– son agricultores y obreros del campo, entre los que predominan los inmigrantes, que han encontrado en esas tierras un futuro para ellos y sus familias. ¡Coño, pero si hay hasta comunidades de sijs!; por cierto, trabajadores distinguidos unánimemente por su honradez y laboriosidad. Ellos también estarán este miércoles en Madrid, con sus monos de trabajo y sus turbantes, pidiendo al Gobierno de España y a la clase política que lleven el agua necesaria para no tener que volver a sus países de origen completamente arruinados.
Esta es la verdad de lo que ocurre en el campo levantino, la realidad que los políticos prefieren ignorar porque, en sus cálculos electorales, cumplir con su obligación no sale a cuenta. Unos y otros han llevado a la desesperación a un sector sufrido como pocos, cuyos integrantes no tienen más remedio que perder un día de salario y levantarse de madrugada para pedir en Madrid parte de un recurso natural y, como tal, propiedad de todos los españoles. Muchos de ellos hacen este esfuerzo con la salud destrozada después de medio siglo dejándose la vida en el bancal, pero los políticos no tienen para ellos soluciones. Ni siquiera algo de comprensión. Están todos ocupados con charlotadas marxistas como la huelga de feminazis, la puta memoria histórica o el cambio climático, a las que prestan nuestro dinero y toda su atención. No dan vergüenza ajena; dan ganas de vomitar.