Los gobernantes de todos los niveles están de acuerdo en la necesidad de agilizar los trámites burocráticos y reducir el número de documentos en papel que maneja la administración, pero los socialistas les llevan al resto de competidores al menos dos décadas y media de delantera.
Porque esto de dictar actos administrativos en un papelito adherente no es un invento de los responsables del departamento de trabajo de la Junta de Andalucía, sino toda una tradición en el socialismo autonómico desde que la marabunta progresista se hizo con estos abortos jurídico-políticos que son las comunidades autónomas.
Éste que suscribe ha visto en sus tiempos de funcionario papelitos de esos, firmados por el consejero del ramo y dirigidos al jefe de servicio de personal, con la indicación "méteme en nómina a este amigo" (sic), y a continuación el nombre completo y el DNI del afortunado nuevo empleado público. El responsable de recursos humanos de entonces, hombre sabio proveniente de la administración franquista y por tanto legalista hasta la extenuación, guardaba esos papelitos como oro en paño por si algún día el fiscal le llamaba a declarar y, de paso, rezaba para que llegara pronto la fecha de su jubilación. Afortunadamente se jubiló sin que el asunto explotara, entre otras cosas porque lo primero que hizo el PP al llegar al poder en 1995 fue quemar simbólicamente esos varios cientos de papelitos y pasar página (o "post-it") como manda el centro-reformismo.
Como en Andalucía todavía no ha habido un cambio en las estructuras del poder autonómico, es lógico que perduren los procedimientos administrativos más queridos por el socialismo, con la nota adhesiva como principal herramienta para la agilización de los procesos burocráticos, siempre tan pesados.
Un pequeño billete de estos sirve para quintaesenciar las resoluciones administrativas haciendo mención expresa solamente de lo sustantivo. En el caso denunciado por Javier Arenas, en lugar del informe jurídico emitido por la oficina correspondiente y el necesario expediente administrativo que siga los trámites previstos por las normas dictadas por la propia comunidad autónoma, el director general resume en una sola frase manuscrita a quién hay que darle un trinque presupuestario y bajo qué condiciones, que es lo que realmente importa. El resto del proceso es un asunto mecánico, porque después de haberse pulido setecientos millones en "jere", que diría el campeón de Arenas, trincar un dineral sin tener derecho a ello es algo al alcance incluso del hermano de "mienmano".
Sólo cabe esperar que cuando llegue el equipo de Arenas al poder andaluz envíe todas esas notas manuscritas a la Fiscalía y no las queme como sus colegas en el resto de autonomías que han ido cayendo del lado popular. Más que nada porque a tenor del número de post-it emitidos, el fuego podría acabar arrasando el Palacio de San Telmo.