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Lo que Pedro Sánchez no cuenta de las desaladoras

Las plantas desaladoras tienen un consumo energético tan brutal que su mera existencia ya es un atentado contra el medioambiente.

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José L. R. Zapatero y Pedro Sánchez | EFE

La política hídrica que promueve la izquierda, basada en acabar con los trasvases y recurrir a la desalación de agua marina, no solo es delirante y profundamente antinacional, sino dañina para el medioambiente y un chollo para que las grandes empresas conviertan un recurso natural propiedad de todos los españoles en el negocio del siglo.

Los antitrasvasistas aseguran que el problema del déficit hídrico en la zona mediterránea se soluciona con plantas desalinizadoras, como si la desalación no tuviera costes económicos y medioambientales, cuando lo cierto es que el agua desalada es más cara e infinitamente menos ecológica que el agua dulce trasvasada.

Lo que ningún socialista, podemita ni ecologista explicará jamás es que las plantas desaladoras tienen un consumo energético tan brutal que su mera existencia ya es un atentado contra el medioambiente, según los cánones que ellos mismos han establecido en sus diatribas sobre el cambio climático. Tomemos como ejemplo la planta desalinizadora de Torrevieja, la más grande de Europa, a pesar de que quince años después del Plan Agua de ZP sigue sin funcionar en su totalidad. Pues bien, lo que ningún antitrasvasista se atreve a explicar es que esa desaladora consume más electricidad que toda la ciudad de Torrevieja en plena temporada turística, un escándalo energético traducido en toneladas de CO2 lanzadas a la atmósfera que provocaría suicidios a lo bonzo de los ecologistas a las puertas de esas instalaciones si se dedicaran a cualquier otro cometido. Pero como de lo que se trata es de impedir la vertebración de España a través de la interconexión de cuencas y la utilización de un recurso natural común, ni los ecologistas ni sus patrocinadores ideológicos dicen una sola palabra.

Pero las desalinizadoras no solo contaminan la atmósfera con ese consumo energético disparatado. La presencia de metales pesados en el agua desalada también daña la fertilidad de las tierras con su utilización prolongada y contribuye a la desertificación de los territorios, otro de los grandes peligros con que la izquierda ecolojeta no deja de darnos la matraca. Además, la salmuera que producen las desaladoras se vierte nuevamente al mar a través de emisarios, provocando con ese aumento local de la salinidad la destrucción de las praderas subacuáticas en las que se reproducen la mayoría de las especies marinas.

Finalmente, las desaladoras se han convertido en un negocio redondo para las grandes corporaciones empresariales, otra bestia negra de la izquierda que, sin embargo, está haciendo el negocio del siglo gracias a esa política contraria a los trasvases. Y como suele ocurrir con las grandes inversiones sujetas a decisiones políticas, las desalinizadoras han derivado en un foco de corrupción que ya está siendo objeto de investigación por la Audiencia Nacional.

Así pues, la política izquierdista en materia de agua consiste en poner fin a los trasvases y recurrir a un sistema alternativo que contamina el medioambiente, contribuye a la desertificación, consume ingentes recursos energéticos, amenaza la supervivencia de centenares de miles de puestos de trabajo ocupados por personas de baja cualificación, constituye el negocio del siglo para las grandes constructoras y se ha convertido en un importante foco de corrupción.

La cuestión, por tanto, es muy sencilla: podemos tener agua buena, barata y ecológica (la de los trasvases) o mala, cara y contaminante (la desalada). Naturalmente, Pedro Sánchez ha elegido lo segundo. Este domingo viene a Murcia. Será una gran ocasión para que explique su postura a los votantes murcianos de su partido. Si es que todavía queda alguno.

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