De todos es sabido que "la secta" –en feliz expresión acuñada por Hermann Tertsch– se autoconsidera depositaria de las esencias morales y del auténtico pedigrí democrático. Su pretendida superioridad moral les lleva no ya a despreciar las razones razonadas que puedan exhibir los demás, sino que no tienen empacho en hacer lo contrario de lo que pregonan y en decir "digo" cuando antes dijeron "Diego". Si el fin de "la causa" lo exige, no se repara en medios. Y si la verdad y la razón no están de su parte sino de los otros, se actúa como si éstos no existieran. Y si la realidad les desmiente, se niega la realidad. Y si hace falta pasar directamente al insulto, se pasa, como hizo el catedrático Pérez-Royo cuando no le gustó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Llueve sobre mojado. Hace unos días han saltado a la prensa varias noticias que ilustran aún mejor el párrafo anterior. El padre ideológico de Educación para la Ciudadanía, Gregorio Peces-Barba, declaraba este fin de semana que la supuesta asignatura –de la que dijo el 22 de Noviembre de 2004 que bien valía una legislatura– "es la mejor expresión de la moralidad de una cultura secularizada y laica que considera al hombre el centro del mundo", y que la objeción –que se ha planteado ya para más de 41.000 alumnos– "causará daños irreparables en la formación y en los títulos académicos de los hijos". Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la histórica sentencia que reconoce el derecho a objetar en conciencia a contenidos de EpC, Peces-Barba se apresuró a declarar que esa sentencia "iba a durar menos que un pastel a la puerta de un colegio" porque "no se puede sostener la tesis de que existe un derecho directo a la objeción de conciencia. Si cada uno pudiera decir: 'esto lo obedezco porque estoy de acuerdo, y esto no lo obedezco porque no estoy de acuerdo', volveríamos al estado de naturaleza". Recuerden estas frases porque ahora vamos a tirar de hemeroteca.
Hace siete años se preparaba una Ley de Universidades que iba a obligar a los que entonces eran rectores y a quienes formaban los claustros de gobierno de las universidades a cesar en sus funciones. Peces-Barba, a la sazón rector él mismo, publicó una Tercera de ABC el 20 de octubre de 2001 en la que explicaba que tal cese "no es una medida necesaria, ni idónea, ni proporcionada al fin que se pretende, y lesiona el derecho fundamental a la autonomía universitaria". El artículo en cuestión lo tituló, ríanse ustedes, Democracia, desobediencia y Universidad.
Y añadía: "Es frente a eso, que ofende en lo más profundo mi conciencia y el espíritu de la Constitución, frente a lo que he dicho y mantengo que la desobediencia a disolver los claustros es una prueba de civismo y una contribución al mejor funcionamiento de la democracia (...) Si el claustro de mi universidad pensase que no debía disolverse, tendría el apoyo de su rector [el propio Peces-Barba], convencido de que se trata de una actuación en conciencia que tiene una finalidad protectora y defensora de las instituciones democráticas y de los derechos fundamentales." No se precisan comentarios.
Otro reciente protagonista ha sido la CEAPA. Hace unos días también ponían su granito de arena al pedir nada más y nada menos a la Fiscalía de Menores que actuara contra los padres ante los casos de objeción a EpC, y recordaban a las administraciones educativas que deben poner en marcha las previsiones de la ley cuando los padres no escolarizan a sus hijos. Es decir, que según su opinión se les debería quitar la patria potestad a los padres objetores.
Pues bien, ¿qué decía la CEAPA ante la alternativa a la Religión que establecía la LOCE del Partido Popular? En una nota hecha pública el 20 de abril de 2003 decían que iban a presentar recursos de amparo y de ilegalidad con el fin de suprimir la disposición adicional segunda de la LOCE, pero que mientras los tribunales no se pronunciaran, "recomendamos a las familias que no desean formación religiosa que no acepten esta alternativa y que sus hijos no entren en clase de Sociedad, Cultura y Religión. Tienen toda la legitimidad y el derecho constitucional de su lado, pues no ha de repercutir en las evaluaciones ni en la marcha general del resto de áreas". Noten que no planteaban objeción de conciencia al amparo del artículo 16.1 de la Constitución, como hacen los actuales objetores a EpC, sino directamente la insumisión y la desobediencia civil. Lo mismo que hacía el padre de la Constitución –¡qué ironía!– Peces-Barba.
Los padres objetores a EpC seguirán defendiendo a sus hijos con todos los medios de que disponen en nuestro Estado de Derecho, seguirán siendo escrupulosos con la legalidad pero no les temblará el pulso a la hora de hacer valer todos sus derechos. Quieren para sus hijos y para los hijos de los demás "talantes libres, respetuosos e ilustrados", como decía el propio Peces-Barba hace unos días. Por eso precisamente se oponen a este adoctrinamiento obligatorio y no tolerarán amenazas por ejercer sus derechos en un Estado Democrático. Y aquellos que recomendaron la desobediencia y la insumisión cuando no les gustó lo que disponían las leyes no tienen estatura moral para decirles nada.