Miles de familias españolas acaban de ganar la primera batalla de su guerra contra la Educación para la Ciudadanía (EpC), una polémica asignatura creada por el gabinete Zapatero para adoctrinar a la infancia desde muy temprana edad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha refrendado la decisión de unos padres onubenses de que su hijo ni curse ni sea evaluado en esta materia. Que el sentido común haya terminado por imponerse es algo más que una victoria simbólica de la que se beneficiarán muchos alumnos; es la prueba de que, si se lo propone, la sociedad civil puede frenar en seco los abusos de poder de los gobernantes. Es una lección que los políticos metidos a ingenieros de almas deberían aprender y, lo que es más importante, no olvidar nunca, pues ciertos asuntos de la vida privada ni pertenecen ni pertenecerán jamás al ámbito del Estado.
Aquí reside la especificidad de esta sentencia, que ha establecido el derecho a objetar de este dislate educativo a un ciudadano común, un simple matrimonio de Huelva preocupado por la educación de su hijo, que se armó de valor y reclamó su derecho constitucional a cumplir un mandato que entraba en conflicto abierto con su conciencia. Ha sido el triunfo del individuo consciente de su propia soberanía frente al despotismo estatal obsesionado por adueñarse de todas las parcelas de nuestra vida.
Aunque este primer paso tranquilice y eleve la moral a los cerca de 25.000 objetores a Educación para la Ciudadanía no servirá de mucho si los comprometidos con esta causa bajan la guardia. Deben seguir interponiendo recursos a los tribunales competentes para que no sea uno sino miles los padres facultados para objetar a la asignatura. Harían, además, exactamente lo que les invitó a hacer la vicepresidenta Fernández de la Vega cuando surgieron las primeras voces críticas. Si no están de acuerdo vayan a los tribunales, vino a decir, dando fe de su espíritu sectario y en absoluto dialogante.
El objetivo de este movimiento popular que crece de manera exponencial desde hace unos meses no ha de ser otro que conseguir que los padres puedan legalmente negarse a que sus hijos sean impunemente adoctrinados en las aulas. La sentencia del TSJA moverá aun más voluntades y hará más llevadero el, hasta hace no mucho, durísimo camino de los objetores. La Constitución, que reconoce la objeción de conciencia tanto en la Carta Magna como en la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, les apoya en su empeño. El único requisito es que no se den por vencidos bajo ninguna circunstancia puesto que la única derrota segura es la que proviene de las batallas que no se presentan.
