En teoría, los periodistas no pueden publicar encuestas electorales desde la madrugada del lunes al martes. En el mundo real, un periódico emplea una edición local en Andorra para hacerlo y limitarse a "hacerse eco" de los resultados de la misma en su edición publicada en España. También el Times de Londres ha publicado su propia encuesta, encargada a Sigma Dos –que hasta ahora era la encargada de elaborar los sondeos para El Mundo–, de la que naturalmente la prensa española está dando cuenta.
Los partidos políticos no paran de dar mitines y emitir anuncios, pero cuando acabe el viernes, a las doce en punto de la madrugada, ya no podrán hacerlo más. Dará comienzo la jornada de reflexión, ese absurdo invento al que se dan dos justificaciones: evitar incidentes inmediatamente previos a las elecciones entre partidarios de distintas formaciones políticas y conceder un lapso de tiempo antes de votar en que se pueda reflexionar el sentido del voto sin recibir propaganda.
Estas arbitrarias regulaciones han demostrado ser completamente inútiles. La gente no suele aprovechar para reflexionar el día antes de las elecciones y, si decidiera hacerlo, no tendría más que apagar la televisión y la radio y no abrir su buzón de correo electrónico para poder hacerlo sin hacer caso a la propaganda. Los militantes de partidos políticos que quieran provocar incidentes lo harán de todas maneras, como demostró el acoso a las sedes del PP la infausta jornada del 13-M. Si se desea publicar una encuesta en la era de internet y la globalización no hay nada más sencillo que emplear una publicación extranjera para que la publique y así poder darle publicidad durante la ley seca demoscópica.
Es más, aquellos que hayan votado por correo lo habrán hecho mientras se publicaban encuestas por todos lados y la propaganda de unos y otros partidos estaba en pleno apogeo. ¿Los ha incapacitado eso de algún modo para ejercer su derecho al voto? Claro que no. Y, sin embargo, parece como si estuviera todo prohibido en estos últimos días de campaña, menos que la vicepresidenta del Gobierno haga campaña imponiendo su sectaria doctrina a niños que acuden obligados por la ley al colegio, eso sí.
El respeto a la ley depende en buena medida de la percepción que se tenga de su justicia y utilidad. Estas restricciones de la ley electoral no son, por tanto, inocuas, por más que su constante y repetida violación puedan hacerlo parecer, sino netamente perjudiciales, porque erosionan el respeto general de los españoles hacia la ley. "Si todo el mundo se salta la ley a la torera, ¿por qué yo no?", se podrá preguntar el ciudadano medio. Es un camino muy peligroso.
Sin duda, hay problemas más acuciantes en una ley electoral que debiera primar más la estabilidad del Gobierno que la capacidad de influencia de los partidos nacionalistas en la política nacional. No es de recibo que además de los gobiernos autonómicos, con cada vez más competencias, dispongan de una capacidad desmedida para influir en la política nacional. Pero no estaría tampoco de más revisar el absurdo que suponen disposiciones como éstas, que resultan más irritantes con cada campaña electoral.
