La Asociación de Fiscales ha mostrado, en un duro pero justificado comunicado, su indignación por el sectario relevo de Eduardo Torres Dulce ordenado por el Fiscal General del Estado -"una vez más, contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal"- de uno de los puestos más importantes de la Carrera Fiscal, como jefe de una sección de la Fiscalía del Tribunal Supremo que conoce de asuntos penales contra personas aforadas. El fiscal general Conde Pumpido le ha cesado aduciendo "falta de eficacia y de lealtad". La Asociación de Fiscales considera, sin embargo, que "el fiscal general no dice toda la verdad cuando pretende maquillar con tan endebles argumentos lo que no es sino otro ejemplo de su línea de actuación desde el inicio de su mandato" y "entiende la lealtad como la simple adulación de quienes se pliegan a todo lo que él dice".
Hace bien el PP pidiendo la reprobación de Conde Pumpido por imponer esta “limpieza ideológica” en la Fiscalía. Más aún, cuando no es la primera vez que el Fiscal General muestra su absoluto sometimiento a los criterios y necesidades políticas del gobierno que lo nombró.
Un fiscal que, para asombro de todos, ya se negó a recurrir el archivo del “caso Atutxa” que eximía al presidente de la cámara y a otros cinco parlamentarios autonómicos del delito de desobediencia por no haber disuelto a Batasuna, tal y como ordenó hacerlo en sentencia el Tribunal Supremo. Un fiscal que, tras estimar el TSJPV el recurso de apelación que sí presentó Manos Limpias en esa misma causa, no se le ocurre otra cosa que descalificar por razones ideológicas a los recurrentes, a los que denigró como de “extrema derecha”. Un Fiscal que, por pura obediencia al presidente del gobierno, se ha negado, antes y después de las elecciones vascas, a abrir diligencias contra el PCTV, a pesar de las innumerables pruebas de las que dispone en su haber en contra de los proetarras y a pesar de haberse comprometido meses antes a “imposibilitar absolutamente que los herederos de la ilegalizada Batasuna, se llamen como se llamen, puedan participar en las elecciones”. Un Fiscal General que se ha negado a investigar de dónde han salido los 400.000 euros depositados para la fianza de Otegi. Un Fiscal que, de hecho, ha venido a justificar el procesamiento del batasuno, no tanto en las pruebas de delito que desde hace tanto tiempo obran en su contra, sino al hecho de que ETA siga sin declarar una tregua. “Si ETA sigue actuando, no hay razón para que el Estado de Derecho no actué de acuerdo con criterios de firmeza y energía”, vino a decir Conde Pumpido en unas escandalosas declaraciones.
¿A qué clase de cambalache reduce la Justicia este Fiscal General del Estado? ¿A qué infame “toma y daca” se presta este Fiscal? ¿Es que acaso el imperativo de que Otegi rinda cuentas de una vez por su delitos pasados depende de lo que haga ahora, o en el futuro, la organización criminal de la que el batasuno ha sido portavoz? ¿Qué es esto de quitar y poner la venda a los ojos de la Justicia en función de lo que haga o deje de hacer una organización criminal? ¿Es así como el Fiscal General del Estado quiere calmar la alarma social que provocó Otegi cuando, ante su inesperado procesamiento, preguntó sorprendido si “¿Esto lo sabe Cándido Conde?”
Si cada uno de estos hechos merecerían, por sí solos, que Conde Pumpido abandonase el cargo y hasta la carrera judicial, encima, se permite ahora ejercer de comisario político contra fiscales independientes y de reconocidísimo prestigio como Eduardo Torres Dulce. Pero en fin. Cuando probos fiscales como el cesado son apartados de su cargo, mientras se permite a proetarras como los del PCTV continuar en el suyo, ya nos podemos hacer una idea de la clase de Fiscal General del Estado que tenemos. El propio de un gobierno que conocemos desde el 14-M.
