Ante la bochornosa renuencia del PSOE a que se convoque de forma inmediata elecciones en Marbella, no faltan quienes proponen que la Gestora designada por la Diputación para hacerse cargo del Ayuntamiento hasta mayo del 2007, esté formada por consenso entre los partidos, en la que queden incluidas personas de "reconocido prestigio" y de "impecable trayectoria profesional".
Lo cierto es que esta propuesta de "notables al margen de la división partidista", como alternativa a la inmediata convocatoria de elecciones en aquel municipio, no hace sino recordarnos la advertencia de Popper de que la "superioridad personal –ya sea intelectual, moral o educacional– no puede bastar nunca para justificar prerrogativas políticas, aun cuando pudiera establecerse a ciencia cierta dicha superioridad".
La solución para hacer frente a casos de corrupción urbanística como los que se han destapado en Marbella, no puede quedarse, evidentemente, en un simple relevo de personas, aunque debería ser, también sin duda alguna, el primer paso a dar. Y el procedimiento de relevo en una democracia es la convocatoria a las urnas.
Por otra parte, no se está viendo ninguna propuesta de fondo que trate de reformar ese campo abonado para la corrupción como es la recalificación política del suelo. En lugar de liberalizarlo y dejarse de privilegiados y corrompibles permisos, el Gobierno y el Fiscal General del Estado se vanaglorian con la creación de una Fiscalía especial de delitos urbanísticos, que ha contado con el apoyo del PP.
Por muy políticamente correcta que sea esta propuesta, y por mucho que con ella se simule hacer algo, lo cierto es que la simple creación de un Fiscalía específica para perseguir la corrupción urbanística puede dar los mismos escasos resultados que ha obtenido la creación de un Ministerio específico para atajar los problemas y la escasez de la vivienda.
Más aun cuando la fiscalía la dirige alguien tan sometido al poder político como el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido. ¿Qué independencia y qué rigor se puede esperar ante posibles casos de corrupción en municipios del PSOE de quien, por no contrariar al poder político, ha hecho la vista gorda ante la ilegal financiación y actuación política de una organización terrorista como Batasuna?
Hay denuncias de corrupción en muchos ayuntamientos –no sólo del PSOE, sino también del PP– en los que la pasividad de la fiscalía contrasta con la implacable y espléndida actuación contra quienes, sin pertenecer a estos partidos, han protagonizado este enorme escándalo de corrupción en la localidad malagueña. Que no se hayan investigado casos de corrupción como los del 3% en Barcelona o en tantos otros ayuntamientos no se debe a falta de medios, sino falta de determinación e independencia judicial y mediática.
En definitiva, si en muchos ayuntamientos se ha dado un "consenso por encima de la división partidista", no ha sido precisamente en pro de esas cándidas y bienintencionadas intenciones, sino, más bien, para hacer la vista gorda ante "notables" casos –esos sí– de corrupción política.
