Aunque el Gobierno de Zapatero pretenda últimamente cambiar el discurso y contrarrestar el coste electoral que le está provocando su desastrosa política de inmigración y su responsabilidad en la masiva avalancha de "sin papeles", lo cierto es que los miembros del Ejecutivo no terminan de aclararse ellos mismos sobre una cuestión ante la que están absolutamente desbordados.
Como recordarán los lectores, la vicepresidenta De la Vega inauguró la semana pasada un discurso de firmeza y de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal, con la que, más que enmendar, pretende hacernos olvidar la demagógica trayectoria del "papeles para todos" y su irresponsable política de regulación masiva. A la expulsión inmediata que proponía la vicepresidenta, se ha sumado, aparentemente, el propio Zapatero y, más recientemente, el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba.
Este lunes, sin embargo, y tras proclamar el secretario de Organización del PSOE que "el mercado de trabajo ya no puede absorber a más inmigrantes", desde el Ministerio de Trabajo el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, contradijo a Blanco asegurando que España "seguirá necesitando inmigrantes". Esta llamada de atención obligó al número dos socialista a matizar que lo que quiso decir es que no iba a haber más regularizaciones.
Con todo, si elocuente es el guirigay gubernamental en este asunto, no menos significativo es el mutismo del ministro Caldera, que en lugar de marcar la guía, parecería que esperara a que sean otros los que lo hagan.
En cualquier el caso, es el mercado, y no la decisión de ningún responsable gubernamental, el que puede o no absorber más inmigración. La "suma" del trabajo productivo no constituye ni una magnitud fija ni está determinada de antemano. El empleo o el paro nada tienen que ver con la escasez o el exceso de personas, sino con el mejor o peor funcionamiento de la economía. Lo grave del Gobierno de Zapatero es que, a su política expansiva del parasitario y deficitario Estado de Bienestar y a su negativa a liberalizar y dinamizar el mercado laboral, ha sumado su irresponsable política de regulación masiva. La incontrolable avalancha y, a su vez, las rigideces que se le imponen al mercado, son las que imposibilitan la absorción y las que están provocando la crisis humanitaria.
Si a esto sumamos la lenidad de nuestras leyes frente al delito o que Zapatero ha elevado a los regímenes liberticidas y fabricantes de miseria de la que huyen los inmigrantes al rango de civilización con la que aliarse, podemos hacernos una idea de cómo un problema general, como es la afluencia de los "sin papeles", se está agravando tan alarmantemente con este Gobierno. No es que el Ejecutivo no haga nada por enmendar la situación, es que ni siquiera tiene una idea clara y compartida de lo que ha de hacer.
