La sección segunda de la Sala de lo Penal, que el pasado mayo desestimó la petición de las defensas de Jose Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro para que se pusiera en libertad a sus representados y los mantuvo en prisión por el riesgo de fuga ante la proximidad del juicio, entiende que, pese a que el arraigo familiar está acreditado en estos procesados, genera también una presunción de riesgo de reiteración delictiva.
De este modo, añade, podrían "volver a realizar actos propios de la presunta pertenencia a la ETA, así como la asunción de un nuevo papel en la misma, intentando que el entorno de Batasuna y las agrupaciones que la pretenden sustituir, elección tras elección, siga estando presente en la sociedad española, sirviendo de instrumento privilegiado a ETA para el mantenimiento de su actividad delictiva".
Para el tribunal, compuesto por los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Hurtado y Enrique López, "nada nuevo hace presumir" que este extremo haya cambiado y no tiene duda de que el marco objetivo es "la imbricación ETA y organizaciones afines", que les lleva a pensar en la "facilidad" que tendrían los procesados para huir, amparado en el entramado de la banda terrorista.
Además, los magistrados asumen también el argumento de la Fiscalía de que la complejidad del procedimiento impide que se pueda juzgar en un plazo razonable y provoca por si misma "dilaciones propias", que no deben confundirse con dilaciones indebidas.
Los 41 procesados en esta causa, entre los que destaca Arnaldo Otegi, se encuentran pendientes de juicio desde que el juez Baltasar Garzón concluyera, el 1 abril del pasado año, este sumario (el 35/02), que abrió en 2002 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA y que derivó en la ilegalización de la formación abertzale.
Para la celebración del juicio, que se calcula pudiera celebrarse antes de finalizar el año, falta todavía la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía y los de las defensas, lo que impide que la sala señale el comienzo de la vista oral, en la que los acusados se enfrentarán a penas que pueden oscilar entre diez y catorce años de cárcel por integración en ETA.