Soraya Sáenz de Santamaría se cuidó muy mucho de crear un precedente que sugiriera intromisión en el marco judicial desde la tribuna posterior al Consejo de Ministros. Aunque en privado no guste que la educación en español en Cataluña haya quedado supeditada a la autorización de un juez, en público el Gobierno mantiene su mensaje de respeto "gusten o no" las resoluciones de los tribunales.
Ahora bien, esto no quita para que la vicepresidenta primera, siempre rauda, incluyera un importante matiz al que se acoge el Gobierno: "Hay abierta una vía de recurso. Habrá que estar a lo que diga", sentenció, para después dejar claro cuál es el modelo por el que apuesta el Ejecutivo, lejos del que la Generalidad impone en Cataluña. "Defendemos un bilingüismo integrador que se potencie en la escuela y en las administraciones públicas" y que lleve a estos ámbitos “la normalidad y cordialidad en el uso de las lenguas en la calle”, argumentó.
La puesta de la administración central no es otra que la que ya se aplica en Galicia, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, a pesar de sus trabas particulares. De puertas para adentro, no son pocas las voces que lamentan "la deriva" del Ejecutivo catalán, si bien tampoco éste es un asunto del que Mariano Rajoy pretenda hacer bandera en un momento en el que sus relaciones con CiU son especialmente cordiales.
Sea como fuere, Sáenz de Santamaría aún mandó un recado más a la Generalidad: "Este Gobierno respeta las resoluciones" por lo que "todas las administraciones deben respetarlas, en aplicación de los derechos que corresponden a los ciudadanos, sin que éstos tengan que demandar que se respeten sus derechos", afirmó, volviendo a poner en evidencia la disconformidad con el hecho de que los padres de aquellos alumnos que quieran que estudien en castellano queden desamparados. Y, de nuevo, volvió a sacar a colación el recurso planteado, algo que “concede nuestra Constitución”.
No fue tan lejos el ministro encargado de leer la letra pequeña, el responsable de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert: "No tengo conocimiento de la resolución" pero "como no puede ser de otra manera, el Gobierno la acata", respondió en el Senado.