Caldera dice que pese a la última oleada de inmigrantes este año es el mejor desde 2001
El número de inmigrantes que han intentado alcanzar las costas españolas de Canarias y Granada en las últimas horas supera los 380, de los que doce han perdido la vida durante la travesía y uno ha fallecido en el hospital Insular de Gran Canaria. Este dato eleva la cifra de ilegales en lo que va de año hasta los 2.500. Aun así, el ministro Caldera dice que pese a esta última oleada de inmigrantes, este año es el que presenta una "menor llegada neta" de personas en cayucos desde 2001. En el mismo sentido, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se vanagloria de que esta llegada masiva "no puede empañar" los datos de los siete primeros meses del año.
En este sentido dijo que este esfuerzo ha favorecido que en 2007 "se haya producido un muy notable descenso en la llegada de cayucos". El ministro incidió en que el viaje que emprenden los inmigrantes para llegar a las costas españolas en cayuco es "muy peligroso" y subrayó que el único final para estas personas que llegan es la devolución, ya que "hoy los países africanos aceptan las repatriaciones".
Caldera explicó que cada vez que acude a África insiste en que estos "viajes no merecen la pena" y dijo que es importante el compromiso de esos países para el control y para concienciar a la opinión pública "del drama que supone tomar un cayuco". Añadió que hasta el momento los resultados son "positivos", por lo que el Gobierno "seguirá trabajando con mucha intensidad" en esta misma línea.
Preguntado por la investigación abierta el pasado julio a partir de las denuncias de la organización Human Rights Watch sobre supuestos abusos a menores extranjeros no acompañados en centros de acogimiento en Canarias, aclaró que el Gobierno autónomo es el responsable de esos recintos y que el caso se puso en manos de la Fiscalía. Continuó que, en su investigación, el Ministerio Público "no encontró ningún motivo para que se pudiera considerar que hubiera habido una infracción en los derechos de los menores".
El ministro expresó su confianza en el contenido de ese informe y se mostró convencido en que el Gobierno de Canarias "ha velado con rigor por los derechos de estos jóvenes". Tras esta investigación, Caldera opinó que "no hay ninguna razón para la alarma" y consideró que "la denuncia es infundada". Sin embargo, advirtió de que el Gobierno seguirá "analizando la situación y si se desprendiera algún indicio de que cualquier menor ha visto condicionado o maltratado sus derechos se actuaría".
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