L D (Europa Press) En declaraciones a Cataluña Información, recogidas por Europa Press, Cid señaló que el apartado que garantiza el derecho de los padres y madres "para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones" en las escuelas públicas matiza que este cumplimiento se dará "de acuerdo con los principios establecidos con el artículo 36.4". "Por tanto, --señaló-- aquí está el Concordato" que tiene el España con la Santa Sede y "eso significa que si acabamos haciendo todo el proceso que tenemos que acabar haciendo y acabamos con el Concordato en el siglo en el que estamos viviendo" el texto "acabará estableciendo finalmente que la enseñanza pública es laica".
En esta línea, Cid añadió que "este es el problema que tenemos ahora". "Esta es una meta importantísima y que debemos aceptar dando un sentido de normalidad y de continuidad porque no sólo lo asume ERC, sino también CiU con esa transacción". La nueva redacción, ultimada ayer, elimina la frase que aseguraba un modelo educativo en Cataluña "en el cual la enseñanza pública es laica". Además, con el nuevo texto, quedarían fuera de la exigencia del laicismo los centros privados concertados, respondiendo a las demandas de UDC, y se incorporaría también al texto del artículo el planteamiento de CiU para garantizar "el derecho" de los "padres y madres" a escoger la "formación religiosa y moral" para sus hijos "acorde a sus convicciones" en los centros de titularidad pública.
En reacción a las declaraciones de Cid distintas asociaciones catalanas como la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL), la Fundación Escola Cristiana, el Grupo de Entidades de la Familia de Cataluña (GEC) y la Plataforma Dret a Escollir precisaron que la eliminación del Concordato no es suficiente para conseguir que la escuela pública catalana sea laica. Según estas organizaciones el posicionamiento de Cid ignora otros pactos internacionales suscritos en materia de educación por España, al igual que otros los Estados democráticos de Europa, como son el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el ámbito de la enseñanza y numerosas resoluciones del Parlamento Europeo.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la FAPEL, Antoni Arasanz, indicó que para conseguir el propósito de Cid no sólo se debería eliminar el Concordato con la Santa Sede, sino también algunos artículos de la Constitución, como el 10 y el 27. En opinión del presidente de esta federación, que representa a 14.000 familias de la escuela privada concertada de Cataluña, estas afirmaciones "descalifican" a la consejera Cid porque "deja de ser consellera de todos los ciudadanos para serlo sólo de algunos catalanes".
Por su lado, el presidente del Grup de Entitats Familiars (GEC) de Cataluña, Daniel Arasa, denunció en declaraciones a Europa Press que "la señora Cid como demócrata de toda la vida quiere destruir el derecho de los padres", hecho que "ha demostrado repetidas veces". Su propósito, aseguró Arasa, es el de "eliminar el derecho de los padres e implantar una doctrina laicista en los aspectos de la religión y de cualquier ámbito".
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Fundació Escola Cristiana de Cataluña, Enric Puig, que agrupa a 423 escuelas y 250.000 alumnos, valoró "positivamente" las novedades introducidas ayer a última hora en el texto en materia de educación, ya que "reconoce el derecho de los padres a escoger la escuela en función de sus convicciones religiosas y morales". En su opinión, el nuevo texto responde la realidad escolar catalana, "el 60% de la cual es pública y el 40%, de iniciativa social".
Por su lado, la Plataforma Dret a Escollir denunció la "indeterminación" y "confusión" del nuevo Estatuto tras la introducción de una nueva enmienda para limitar la exigencia del laicismo a las "escuelas de titularidad pública" y no a toda la "enseñanza pública", como preveía en un principio el texto. En declaraciones a Europa Press, el representante de la Plataforma Dret a Escollir --constituida por padres y madres de la escuela pública y concertada--, Joan Garriga, calificó la modificación de "incoherente" y "poco clarificadora" porque, en definitiva, el texto "no garantiza el derecho de los padres a escoger la enseñanza que quieren para sus hijos".
En su opinión, el texto "no es clarificador", puesto que quien tiene el poder de decidir los conciertos económicos en las escuelas catalanas es la administración, tal como establece el texto cuando afirma "los centros privados sostenidos con fondos públicos tienen el deber de cumplir las obligaciones de servicio público que determine la ley". Garriga criticó que la principal reforma introducida "sólo se centra en la materia de la religión en las escuelas" y no garantiza "la titularidad de los padres, y no de la administración, de escoger la enseñanza de sus hijos". Según la plataforma, el texto debería definir la escuela catalana como "aconfesional, libre y plural" en la que la titularidad plena de escoger es de los padres. Por todo ello, se mostró "preocupado", "decepcionado" y "entristecido".