L D (EFE) Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, la banda pagaba el viaje de las prostitutas y les entregaba pasaportes falsificados para entrar en la Unión Europea, a cambio de los propios, con lo que las mujeres contraían deudas de entre cuatro y cinco mil euros con la organización de proxenetas. Una vez en Cataluña, eran conducidas a Barcelona por un miembro de la organización, que las entregaba a otra persona encargada de distribuir a cada una por distintos clubes de alterne catalanes, cambiándolas de establecimiento cada mes.
Las inmigrantes eran víctimas de amenazas y coacciones para que mensualmente entregaran a los proxenetas entre 1.000 y 1.500 euros, además de los plazos correspondientes a la deuda que habían contraído, y a menudo eran "vendidas" a propietarios de burdeles por entre 15.000 y 18.000 euros. En la operación, denominada "Tatum", la policía, además de proceder a las detenciones, ha registrado dos domicilios de Barcelona y uno de Mollet del Vallés, en los que se ha incautado de pasaportes falsos y documentación diversa.
Las inmigrantes eran víctimas de amenazas y coacciones para que mensualmente entregaran a los proxenetas entre 1.000 y 1.500 euros, además de los plazos correspondientes a la deuda que habían contraído, y a menudo eran "vendidas" a propietarios de burdeles por entre 15.000 y 18.000 euros. En la operación, denominada "Tatum", la policía, además de proceder a las detenciones, ha registrado dos domicilios de Barcelona y uno de Mollet del Vallés, en los que se ha incautado de pasaportes falsos y documentación diversa.
Los detenidos son Yurly T., de 33 años y máximo responsable de la organización, que ya se encuentra en prisión, Anatoly S., de 23, y Olena B., de 26, a los que se ha incoado expediente de expulsión. Están acusados de delitos relativos a la prostitución, inmigración clandestina y falsificación de documentos. También han sido arrestadas otras dos personas de 26 años y de la misma nacionalidad, al parecer también vinculadas a la red pero a las que sólo se acusa de infracción a la ley de extranjería, por carecer de permisos para residir en España.
