El BOE publica las reformas de las Cortes de Castilla y León para blindar el Archivo de Salamanca

L D (EFE) Javier Gómez de Liaño ha sido el abogado designado por Castilla y León para defender su postura en los tribunales.

 

La votación de la reforma legislativa aprobada en Castilla y León fue secundada por el PP y Unión del Pueblo Leonés, y votada en contra por el PSOE, que cuestionó el procedimiento de lectura única y consideró que el Parlamento autonómico no puede legislar sobre competencias que no son suyas.

Por su parte, para el PP la dispersión de los fondos documentales del Archivo de Salamanca, reclamados por diversas instituciones, partidos y asociaciones de Cataluña, Aragón, Valencia y País Vasco, atentaría contra un patrimonio cultural de primer orden y de gran utilidad para científicos e investigadores. Estas reformas fueron aprobadas por las Cortes regionales un día antes de que se reuniera, a propuesta del Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional de expertos que asesora al Gobierno sobre el contencioso en torno al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.

En esa reunión, la Comisión Nacional de expertos dictaminó como "justas y legítimas" las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalidad de Cataluña actualmente identificados como tales en ese archivo. Ese dictamen sirvió para que, cinco días después, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunciase su asunción por el Gobierno y, por tanto, la devolución a la Generalidad de Cataluña de los documentos que le fueron incautados en la Guerra Civil.