L D (EFE)
Todos los grupos del Congreso votaron a favor de la iniciativa balear salvo el Partido Popular, que ya se opuso durante su tramitación en el parlamento autonómico.
El portavoz del Grupo Popular en el debate, Miguel Angel Martín, argumentó el rechazo a esta proposición aduciendo "la necesaria cautela para respetar los principios constitucionales de la no discriminación por razón de lengua y la libertad para la movilidad geográfica" puesto que "la protección de unos derechos puede suponer la vulneración de otros".
En este sentido señaló que la "ley actual es respetuosa y coherente con el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios de la administración de justicia" al tiempo que "respeta plenamente y tiene en consideración la realidad plurilingüistica del Estado", mientras que la modificación propuesta "cercenaría la movilidad de los funcionarios por el territorio nacional". Asimismo recordó que el Pacto de Estado por la Justicia reconoce "explícitamente" este carácter nacional del personal de justicia y remitió "a la conferencia sectorial como el marco idóneo para la definición de las políticas que afecten a las Comunidades Autónomas en materia de justicia".
La iniciativa fue defendida ante la Cámara baja por los diputados del parlamento balear Sofía Hernanz (PSOE) y Cecilio Buele (PSM). Según la diputada esta proposición "sólo trata de garantizar el derecho del justiciable a dirigirse a la Administración de Justicia en su lengua materna", algo vinculado "al derecho de tutela judicial efectiva" y de este modo evitar circunstancias "extravagantes" como "que un ciudadano tenga que usar un interprete cuando habla en su comunidad en su propia lengua".
En este mismo sentido se manifestaron el diputado de IU Luis Carlos Rejón y la diputada del PNV Margarita Uría, que señalaron la necesidad de mejoras en esta proposición a pesar de garantizar su apoyo. Rejón calificó a la iniciativa como "una aportación a la construcción de un Estado de las autonomías efectivo" y como "una traslación a los poderes públicos del carácter plural del Estado" aunque planteó enmiendas encaminadas a evitar la discriminación en el acceso a puestos por ciudadanos no bilingües, extremo rechazado negado por el diputado de CIU Manuel Silva quien indicó que " los derechos de los funcionarios no pueden estar por encima de los de los ciudadanos".
El portavoz del Grupo Popular en el debate, Miguel Angel Martín, argumentó el rechazo a esta proposición aduciendo "la necesaria cautela para respetar los principios constitucionales de la no discriminación por razón de lengua y la libertad para la movilidad geográfica" puesto que "la protección de unos derechos puede suponer la vulneración de otros".
En este sentido señaló que la "ley actual es respetuosa y coherente con el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios de la administración de justicia" al tiempo que "respeta plenamente y tiene en consideración la realidad plurilingüistica del Estado", mientras que la modificación propuesta "cercenaría la movilidad de los funcionarios por el territorio nacional". Asimismo recordó que el Pacto de Estado por la Justicia reconoce "explícitamente" este carácter nacional del personal de justicia y remitió "a la conferencia sectorial como el marco idóneo para la definición de las políticas que afecten a las Comunidades Autónomas en materia de justicia".
La iniciativa fue defendida ante la Cámara baja por los diputados del parlamento balear Sofía Hernanz (PSOE) y Cecilio Buele (PSM). Según la diputada esta proposición "sólo trata de garantizar el derecho del justiciable a dirigirse a la Administración de Justicia en su lengua materna", algo vinculado "al derecho de tutela judicial efectiva" y de este modo evitar circunstancias "extravagantes" como "que un ciudadano tenga que usar un interprete cuando habla en su comunidad en su propia lengua".
En este mismo sentido se manifestaron el diputado de IU Luis Carlos Rejón y la diputada del PNV Margarita Uría, que señalaron la necesidad de mejoras en esta proposición a pesar de garantizar su apoyo. Rejón calificó a la iniciativa como "una aportación a la construcción de un Estado de las autonomías efectivo" y como "una traslación a los poderes públicos del carácter plural del Estado" aunque planteó enmiendas encaminadas a evitar la discriminación en el acceso a puestos por ciudadanos no bilingües, extremo rechazado negado por el diputado de CIU Manuel Silva quien indicó que " los derechos de los funcionarios no pueden estar por encima de los de los ciudadanos".