L D (Europa Press) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega recordó el siniestro del pasado 2 de septiembre, en el que un avión C-101 se estrelló en el casco histórico de la localidad jienense de Baeza falleciendo el piloto, así como una mujer y su bebé. "Tenemos que impedir, con todo el peso de la Ley, que vuelvan a suceder accidentes trágicos como el que el otro día causó la muerte de tres personas en Baeza", resaltó. La vicepresidenta relató que el anteproyecto establece una nueva sanción disciplinaria en el ámbito militar y fija un nuevo tipo en el Código Penal Militar para cuando se produzcan "incumplimientos de las medidas de seguridad en el vuelo".
El anteproyecto, llevado al Consejo de Ministros por el titular de Defensa, José Bono, será ahora remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como al Consejo de Estado. De la Vega precisó que el objetivo es "dar una respuesta proporcionada y justa a conductas que puedan ocasionar gran daño a los ciudadanos y al prestigio de los Ejércitos de España por la realización de vuelos sin observar las medidas de seguridad establecidas". Resaltó que la modificación de ambas leyes permitirá el establecimiento de un nuevo tipo penal y de otro disciplinario para "salvaguardar las vidas de terceros y proteger la integridad de los pilotos, las aeronaves y las dotaciones".
Como novedad, el borrador introduce una sanción extraordinaria, como la pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica para el vuelo y también se contempla la pena de prisión para aquellos pilotos que incumplan las normas, órdenes o instrucciones referidas a la navegación aérea o al plan de vuelo y pongan en riesgo la población. También se establecen otras sanciones disciplinarias extraordinarias, como por ejemplo, la pérdida de puestos en el escalafón, la suspensión de empleo y la separación del servicio.
El Gobierno entiende que este anteproyecto "es una medida de garantía". "La razón de ser de los Ejércitos, es decir, la defensa militar de España, no es compatible con la puesta en riesgo de la población o de la seguridad en el desarrollo de sus actividades cotidianas", argumenta el Ejecutivo.