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El Gobierno ignora a los jueces y aprueba el texto de la ley de violencia de género

Ni las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial ni las advertencias del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo han hecho cambiar de postura al Gobierno. Los tres organismos han advertido de que las amenazas "comparten el mismo bien jurídico, con independencia del sexo de la víctima". Como respuesta, el Ejecutivo ha decidido cambiar el nombre de la ley y volver a llamarla "contra la violencia de género".

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María Teresa Fernández de la Vega.
LD (EFE) El Gobierno aprobó el proyecto de ley integral contra la violencia de género (vuelve a llamarse así), que mantiene los tipos penales específicos de discriminación positiva a favor de las mujeres, y lo remitió a las Cortes, donde ofreció consenso, aunque no cambiará tampoco allí estos tipos penales.

En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, remarcó que el proyecto incorpora muchas sugerencias de los órganos consultados, pero con un límite, "el espíritu de defensa a ultranza de las mujeres maltratadas".

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, criticó que el proyecto sólo proteja a las mujeres víctimas de violencia doméstica y excluya a otras personas que pueden sufrir maltrato, y ofreció la colaboración de su partido para mejorar el texto con medidas que protejan a otros colectivos sociales. Grupos parlamentarios como CiU y PNV defendieron la necesidad de la ley y expresaron su disposición a colaborar en la tramitación del proyecto, lo que durará hasta finales de año.
 
Coacciones y amenazas serán delito

Según explicó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera el proyecto mantiene que coacciones y amenazas serán delitos en vez de faltas cuando el autor sea un hombre y la víctima una mujer, su pareja o ex pareja. El Gobierno entiende, apuntó, que la discriminación positiva que se aplica en el ámbito laboral, educativo y social también es posible en el plano penal, a pesar del informe del Consejo General del Poder Judicial, un texto que, criticó Caldera, muestra "una visión conservadora de los derechos de las mujeres".

María Teresa Fernández de la Vega dijo que la discriminación positiva para acabar con situaciones de discriminación previas está "en el espíritu mismo de la Constitución", y si bien reconoció que existen menores, ancianos y hombres también maltratadas en el ámbito doméstico, reafirmó que está ley está dirigida a las mujeres. No obstante, Caldera destacó que entre las modificaciones introducidas en el anteproyecto está el incremento de la protección de los menores en cuanto que son víctimas indirectas de la violencia de género, por lo que los hijos de las maltratadas podrán acceder a lo servicios sociales y a los juzgados especiales de violencia de género.

Caldera, tras subrayar que todos los informes preceptivos recibidos salvo el del CGPJ valoran la ley, añadió que se han incorporado al texto las observaciones que advertían de posibles discordancias con normas ya existentes, especialmente en el ámbito educativo, penal y procesal y sugerencias que mejoran la protección a las víctimas en el ámbito laboral y funcionarial. La ley, explicó el ministro, apuesta por la introducción en el ordenamiento jurídico español de medidas de acción positiva que tratan de subvertir la situación de desigualdad que afecta de forma directa a la mujer y es integral al incluir medidas educativas, laborales, de protección policial y judicial y relativas a la publicidad.
La tramitación concluirá antes de fin de año

El titular de Asuntos Sociales, quien espera que la tramitación parlamentaria de la ley concluya antes de fin de año, confió en hallar el máximo consenso con los grupos, aunque advirtió de que no se aceptarán propuestas para cambiar los tipos penales específicos para los agresores como propone el CGPJ porque están "en la médula" del proyecto.

Desde el PP, Eduardo Zaplana dijo que las críticas vertidas desde el CGPJ contra algunas de las medidas pone de manifiesto que se está ante una "mala ley" que fue "improvisada deprisa y corriendo" por el PSOE tras llegar al poder. Según el ex ministro, el texto aprobado hoy pone de relieve lo que denominó el "talantazo" del Gobierno por eludir el diálogo con otras fuerzas políticas para consensuar la ley.

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