L D (EFE) Según una información aparecida este miércoles en el diario "El País", este real decreto ha sido elaborado por los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Cultura y con él se pretende hacer cumplir la ley que desarrolla una directiva europea que, hasta ahora, no era plenamente respetada por los operadores de televisiones, lo que ha venido suscitado continuas quejas por parte del sector.
El nuevo real decreto establecerá el porcentaje de inversión para las televisiones privadas y públicas, de tal forma que, los operadores privados deberán acreditar sus ingresos ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Para determinar el volumen de la inversión, el real decreto tendrá en cuenta los ingresos derivados de la publicidad, las cuotas de abono y las subvenciones, quedando excluidos otro tipo de ingresos. Las televisiones podrán invertir en largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión que no se destinen a estrenar comercialmente. Sin embargo, no computarán las inversiones en series de televisión, que era una de las peticiones de los operadores de televisión, puesto que estas series se han convertido en uno de los grandes éxitos de las cadenas. Sí computan, en cambio, los documentales de larga duración y las películas de animación.
Para controlar el cumplimiento de la ley, las televisiones tendrán que elaborar anualmente y antes del uno de abril, un informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el que deberán indicar la forma en que se ha cumplido ese cinco por ciento de inversión. Además, se creará una Comisión Interministerial de Seguimiento, dependiente del Ministerio de Industria y compuesta por un presidente, un vicepresidente y dos vocales designados por este Ministerio y otros dos vocales correspondientes al Ministerio de Cultura.
Esta Comisión se encargará de conocer los informes presentados por los operadores de televisión, verificar estos datos y proponer, en caso de incumplimiento, la apertura de expedientes sancionadores. El Gobierno, según recoge "El País", ha señalado que este real decreto es el resultado "de un largo proceso de negociaciones hasta alcanzar un consenso de todos los sectores implicados en la producción y emisión de las obras audiovisuales".
El nuevo real decreto establecerá el porcentaje de inversión para las televisiones privadas y públicas, de tal forma que, los operadores privados deberán acreditar sus ingresos ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Para determinar el volumen de la inversión, el real decreto tendrá en cuenta los ingresos derivados de la publicidad, las cuotas de abono y las subvenciones, quedando excluidos otro tipo de ingresos. Las televisiones podrán invertir en largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión que no se destinen a estrenar comercialmente. Sin embargo, no computarán las inversiones en series de televisión, que era una de las peticiones de los operadores de televisión, puesto que estas series se han convertido en uno de los grandes éxitos de las cadenas. Sí computan, en cambio, los documentales de larga duración y las películas de animación.
Para controlar el cumplimiento de la ley, las televisiones tendrán que elaborar anualmente y antes del uno de abril, un informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el que deberán indicar la forma en que se ha cumplido ese cinco por ciento de inversión. Además, se creará una Comisión Interministerial de Seguimiento, dependiente del Ministerio de Industria y compuesta por un presidente, un vicepresidente y dos vocales designados por este Ministerio y otros dos vocales correspondientes al Ministerio de Cultura.
Esta Comisión se encargará de conocer los informes presentados por los operadores de televisión, verificar estos datos y proponer, en caso de incumplimiento, la apertura de expedientes sancionadores. El Gobierno, según recoge "El País", ha señalado que este real decreto es el resultado "de un largo proceso de negociaciones hasta alcanzar un consenso de todos los sectores implicados en la producción y emisión de las obras audiovisuales".