L D (EFE)
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, consiguió este sábado en Santander que todos los consejeros autonómicos del área aprobasen un documento que reconoce que una de las causas de los incendios forestales es el interés por cambiar el uso del suelo, generalmente para que se pueda construir en él o para convertirlo en un terreno agrícola.
Narbona también anunció que el Gobierno va a aprovechar esa reforma de la Ley de Montes para crear una Fiscalía Especial sobre Delitos Ecológicos, que coordine la persecución de las infracciones contra el medio ambiente y, de manera especial, las relacionadas con los incendios forestales, a semejanza de las fiscalías que ya existen para la represión del narcotráfico o de la corrupción. La ministra consideró "de suma importancia" el hecho de que todas las comunidades admitan que el cambio de uso del suelo es una de las causas de los incendios forestales y se hayan comprometido a tomar medidas en sus normas autonómicas para evitar que ese fenómeno se siga produciendo, a pesar de la discrepancia planteada por el PP.
Los consejeros de Medio Ambiente de Madrid, Mariano Zabía; Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y La Rioja, Arancha Vallejo, todos ellos del PP, aseguraron a los periodistas que sus comunidades comparten "el espíritu" de esa medida -de hecho las tres ya han incorporado la prohibición de 30 años en su legislación-, pero también creen que, si el Gobierno la impone a través de una ley básica estatal, invadirá competencias autonómicas. Por eso, los tres advirtieron de que sus comunidades autónomas están dispuestas a recurrir la futura Ley de Montes ante el Tribunal Constitucional en caso de que su articulado incluya esa medida.
El consejero madrileño defendió que no sólo las comunidades gobernadas por el PP rechazan que la legislación estatal prohíba recalificar los suelos incendiados durante 30 años, sino que la oposición es "muy amplia" y que hoy sólo han apoyado expresamente esa medida Andalucía, Extremadura y Cantabria (regiones gobernadas por el PSOE, la última en coalición con el PRC).
"Decir que sólo hay tres comunidades que la apoyan es simplemente falso", le replicó poco después Narbona, que instó a las comunidades del PP a hablar exclusivamente por ellas mismas, no por las demás, y a "explicar a los ciudadanos" por qué se oponen a que el Gobierno prohíba en todo el país la recalificación de los suelos incendiados. El objetivo planteado por Narbona obtuvo el respaldo de la consejera andaluza, Fuensanta Coves, quien consideró importante ofrecer una "imagen de unidad y un mensaje duro", para evitar "dar cualquier excusa" para que se produzcan incendios forestales.
A su juicio, las comunidades del PP mantienen un "doble juego" sobre las competencias. En cualquier caso, la ministra se declaró satisfecha con el "acuerdo político" alcanzado este sábado, porque existe "una presión urbanística tremenda frente a la que hay que lanzar un mensaje muy claro por parte de todas las administraciones", argumentó. Para ilustrar la preocupación del Ministerio al respecto, recordó que, entre 1990 y 2000, en España el suelo urbanizado ha crecido cuatro veces más que la población del país.
El Gobierno presentará en junio a la sectorial de Medio Ambiente su propuesta de reforma de la Ley de Montes, en la que también se incluirá la creación de una Fiscalía sobre Delitos Ecológicos, algo para lo cual, según Narbona, ya existe un "acuerdo de bases" con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Narbona también anunció que el Gobierno va a aprovechar esa reforma de la Ley de Montes para crear una Fiscalía Especial sobre Delitos Ecológicos, que coordine la persecución de las infracciones contra el medio ambiente y, de manera especial, las relacionadas con los incendios forestales, a semejanza de las fiscalías que ya existen para la represión del narcotráfico o de la corrupción. La ministra consideró "de suma importancia" el hecho de que todas las comunidades admitan que el cambio de uso del suelo es una de las causas de los incendios forestales y se hayan comprometido a tomar medidas en sus normas autonómicas para evitar que ese fenómeno se siga produciendo, a pesar de la discrepancia planteada por el PP.
Los consejeros de Medio Ambiente de Madrid, Mariano Zabía; Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y La Rioja, Arancha Vallejo, todos ellos del PP, aseguraron a los periodistas que sus comunidades comparten "el espíritu" de esa medida -de hecho las tres ya han incorporado la prohibición de 30 años en su legislación-, pero también creen que, si el Gobierno la impone a través de una ley básica estatal, invadirá competencias autonómicas. Por eso, los tres advirtieron de que sus comunidades autónomas están dispuestas a recurrir la futura Ley de Montes ante el Tribunal Constitucional en caso de que su articulado incluya esa medida.
El consejero madrileño defendió que no sólo las comunidades gobernadas por el PP rechazan que la legislación estatal prohíba recalificar los suelos incendiados durante 30 años, sino que la oposición es "muy amplia" y que hoy sólo han apoyado expresamente esa medida Andalucía, Extremadura y Cantabria (regiones gobernadas por el PSOE, la última en coalición con el PRC).
"Decir que sólo hay tres comunidades que la apoyan es simplemente falso", le replicó poco después Narbona, que instó a las comunidades del PP a hablar exclusivamente por ellas mismas, no por las demás, y a "explicar a los ciudadanos" por qué se oponen a que el Gobierno prohíba en todo el país la recalificación de los suelos incendiados. El objetivo planteado por Narbona obtuvo el respaldo de la consejera andaluza, Fuensanta Coves, quien consideró importante ofrecer una "imagen de unidad y un mensaje duro", para evitar "dar cualquier excusa" para que se produzcan incendios forestales.
A su juicio, las comunidades del PP mantienen un "doble juego" sobre las competencias. En cualquier caso, la ministra se declaró satisfecha con el "acuerdo político" alcanzado este sábado, porque existe "una presión urbanística tremenda frente a la que hay que lanzar un mensaje muy claro por parte de todas las administraciones", argumentó. Para ilustrar la preocupación del Ministerio al respecto, recordó que, entre 1990 y 2000, en España el suelo urbanizado ha crecido cuatro veces más que la población del país.
El Gobierno presentará en junio a la sectorial de Medio Ambiente su propuesta de reforma de la Ley de Montes, en la que también se incluirá la creación de una Fiscalía sobre Delitos Ecológicos, algo para lo cual, según Narbona, ya existe un "acuerdo de bases" con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.