L D (Agencias) Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por Europa Press, el encargado de elaborar el expediente y proponer la sanción para el juez Tirado, "en todo momento fue consciente" de que la ley le permitía aplicar un máximo de 6.000 euros de multa, pero finalmente consideró apropiado "aplicar el grado medio de la mitad", es decir, los 1.500 euros proporcionales a los 3.000 que él mismo estableció como tope.
Así lo explica el propio instructor en su informe en el que indica que "la infracción grave que se considera procedente es sancionada en el artículo 420-2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial 'con multa de cincuentamil una a quinientas mil pesetas (300 a 3.000 euros). En ese límite de la cuantía de la multa ha de entrar en juego la proporcionalidad (...) es decir 'guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada'".
No obstante, desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo en el año 2003, el artículo 420-1º, también referente a "las sanciones que se pueden imponer a los jueces y magistrados por faltas cometidos en el ejercicio de su cargos" se indica la posibilidad de "multa de hasta 6.000 euros". Según explicaron las mismas fuentes del CGPJ, la aplicación de esta cantidad a la hora de sancionar las faltas graves es "una doctrina generalizada" dentro del régimen disciplinario del Consejo, sin embargo, el instructor consideró una sanción menor.
De hecho el pasado miércoles, el mismo día en el que la Comisión Disciplinaria decretaba la multa de 1.500 euros contra el juez Tirado por su actuación en el 'caso Mari Luz', los mismos vocales de este organismo del máximo órgano de gobierno de los jueces establecieron imponer al juez titular del Juzgado de lo Social de Talavera de la Reina (Toledo), Ángel Luis del Olmo, una multa de 5.000 euros por abuso de autoridad y desconsideración a los funcionarios, y otra de 2.500 euros por multar de manera injustificada al secretario judicial, ambas infracciones consideradas también como faltas graves.
El instructor del caso Mari Luz --el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea-- aseguró en su expediente que la falta cometida por el magistrado Rafael Tirado no puede considerarse como muy grave porque lo único que puede reprochársele al juez es que "no prestara mayor atención" a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado.
El informe explicaba que la Sección del juez Tirado --que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz-- presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.
En base a estas argumentaciones la Comisión Disciplinaria decidió saldar con 1.500 euros de multa la sanción al magistrado por la comisión de una falta grave, tal y como propuso el informe. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Pleno del CGPJ para que el magistrado sea suspendido por hasta tres años, trasladado de manera forzosa o incluso apartado de la carrera judicial.