L D (Europa Press) Uno de los diputados del PSOE que ha demostrado interés en este asunto es el aragonés Gerardo Torres Sahuquillo, quien ha solicitado al Gobierno datos sobre las cuantías económicas que ha recibido la Iglesia Católica desde que entró en vigor el sistema de asignación tributaria. En concreto, Torres Sahuquillo quiere conocer esta información desglosada por conceptos y por años y que se le concreten las cantidades que han sido elevadas a definitivas en cada ejercicio presupuestario, así como las memorias anuales entregadas por la Iglesia. Además, y en otro escrito al que tuvo acceso Europa Press, reclama un informe sobre la financiación pública de la Iglesia en todos los conceptos, "incluidos privilegios y beneficios fiscales".
En declaraciones a Europa Press, Torres Sahuquillo explicó que estaría dispuesto a apoyar la propuesta de Cuesta, pero que se atendrá a lo que decida su grupo parlamentario. A su juicio, este asunto debe analizarse "con serenidad" y sin "entrar en las provocaciones de la Iglesia". La legislación vigente establece que el Estado adelanta a la Iglesia católica una cuantía como anticipo de los ingresos calculados por la vía del 0,5 por ciento de las declaraciones de la renta donde el ciudadano marca la casilla del sostenimiento económico de la Iglesia. Esa cantidad a cuenta, que se fija anualmente en los Presupuestos, es superior a la recaudación que finalmente se obtiene con el porcentaje del IRPF y sin embargo el diferencial nunca se devuelve al Estado, sino que queda en manos de la Iglesia.
Zapatero dijo que "no tiene prisa" en terminar con esta situación
En el primer proyecto presupuestario del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero esta situación no ha variado, y en la disposición adicional decimoprimera de la Ley de Presupuestos se concreta que en 2005 los pagos mensuales a la Iglesia serán de 11,78 millones de euros. A continuación se señala que la cuantía adelantada en 2004 se eleva a definitiva, con lo que tampoco habrá devolución al Estado. En una reciente sesión parlamentaria de control, Rodríguez Zapatero recordó que en los acuerdos con la Santa Sede se hablaba del objetivo de la autofinanciación de la Iglesia católica, pero recalcó que, mientras ello no se consiga, el Gobierno "no tiene prisa" en terminar con la actual situación provisional.
Alvaro Cuesta ya ha defendido la supresión de esta disposición adicional desde la tribuna del Congreso en años anteriores, cuando gobernaba el PP. Según su argumentación, ese excedente no reintegrable al Estado supone una sobrefinanciación pública de la Iglesia católica, que en su opinión incumple el artículo 16 de la Constitución referido a la aconfesionalidad del Estado. En el debate presupuestario de hace un año, cifró esa sobrefinanciación en 240 millones de euros a lo largo de la última década.
Si no este año, el próximo
"Estamos encubriendo un sistema dotacional, de subvención a una Iglesia oficial, como la partida denominada 'retribución de culto y clero' que existía en la época preconstitucional --afirmó hace un año desde la tribuna del Congreso--. Hoy la Iglesia tiene un nivel de discriminación positiva en su favor, superior al existente en España en el momento de la elaboración y aprobación de nuestra Constitución y hay que acabar con esa práctica".
Alvaro Cuesta entiende los argumentos del Gobierno para no tratar todavía este asunto de la financiación de la Iglesia, pero recalca que el convenio que regula esta situación vence el próximo año y que su enmienda, más que corregir la previsión del Ejecutivo para 2005, pretende advertir de que será la última vez que el adelanto se contempla como una cantidad mínima.