Además, en el caso de las obras de la carretera de circunvalación madrileña, "se aplicó la normativa estatal y autonómica", en las que se establece que "las obras en zonas urbanas no precisan el trámite de la declaración de impacto ambiental". Igualmente, y "por si quedara alguna duda de interpretación, se solicitó informe al Consejo de Estado que avaló y respaldó de forma clara esta postura" después de que su dictamen fuera solicitado a pesar "de no ser preceptivo", apuntó el gobierno regional.
La Comunidad recuerda también que estableció más de una treintena de condicionados ambientales y patrimoniales al proyecto de infraestructuras y subraya que "la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente", se pronunció en diciembre de 2004 "autorizando expresamente la obra".